La columna de Carlos Loret de Mola publicada este 5 de mayo de 2026, que vincula a Andrés Manuel López Beltrán con funcionarios del gobierno de Sinaloa y con estructuras del crimen organizado, llegó en un momento muy específico del calendario político interno de Morena. Cuarenta y ocho horas antes, el partido había celebrado su VIII Congreso Nacional Extraordinario. Y en ese congreso ocurrió algo que muchos no esperaban: López Beltrán seguía ahí.

El timing no es un adorno. Es el dato.

pic.twitter.com/tgLwdvgOMY

— Andres Manuel Lopez Beltran®️ (@AndyLopezBeltra) May 5, 2026

Lo que el Congreso del 3 de mayo dejó claro

Durante la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena, celebrada el 3 de mayo de 2026, más de mil 830 congresistas eligieron por unanimidad a Ariadna Montiel como dirigente nacional. El cambio en la Presidencia del CEN ocurrió tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se integrará al gobierno federal como titular de la Consejería Jurídica.

Los meses previos habían estado llenos de rumores sobre el futuro de Andrés Manuel López Beltrán dentro del partido. La estructura interna de Morena atravesaba una de sus crisis más profundas, producto de la ruptura entre sus dos principales dirigentes: el secretario de Organización y la presidenta Luisa María Alcalde.

Fuentes legislativas citadas por medios nacionales describían una relación rota: el hijo del expresidente operaba con agenda propia e ignoraba la jerarquía de la presidencia del partido. Personas cercanas a su entorno referían que estaría evaluando retirarse un tiempo de la política tras los descalabros electorales en Durango y Veracruz.

Entonces llegó el Congreso. Y López Beltrán no se fue.

El secretario de Organización se la pasó repitiendo que no se va de Morena. Lo dijo en corto y frente a quienes le preguntaron por los rumores que lo colocan fuera de la estructura del partido tras la elección de Coahuila del próximo 7 de junio.

La pieza que conserva

Que López Beltrán permanezca en la Secretaría de Organización no es un dato menor. Seguirá teniendo a su cargo funciones como encabezar la organización y movilización nacional, coordinar y supervisar los trabajos de las Secretarías de Organización estatales, y será el responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional.

Dicho en términos más directos: conserva el mapa. El padrón de militantes, la estructura territorial, la operación de campo que define quién puede ganar qué en cada rincón del país. Todo esto rumbo a los comicios de 2027, cuando se renuevan la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de dos mil cargos locales.

No atacan a alguien que está cayendo. Atacan a alguien cuando queda claro que no va a caer.

El contexto que rodea el golpe

La columna de Loret no llega en el vacío. La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena se da mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta uno de los momentos más tensos en su relación con Estados Unidos, pues la administración de Donald Trump acusó a Rubén Rocha Moya, exgobernador morenista de Sinaloa, y a nueve políticos más de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sinaloa es el nudo que conecta todas las conversaciones incómodas del momento. La columna de Loret coloca a López Beltrán exactamente en ese nudo, a través de un personaje —Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense— cuya figura circula en investigaciones periodísticas desde la caída de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Son acusaciones sin respaldo judicial al cierre de esta edición. Pero su aparición en este momento preciso del calendario morenista no es inocente.

Por qué el momento importa más que el contenido

En política, el cuándo define al qué. Una acusación que llega cuando su objetivo está en retirada tiene un efecto. La misma acusación lanzada cuando el objetivo acaba de sobrevivir una crisis interna, conserva su cargo más estratégico y opera la maquinaria territorial del partido más grande del país tiene otro efecto completamente distinto.

Morena entró en una fase donde las decisiones relevantes vienen de Palenque y de Palacio Nacional. La nueva presidenta llega con mandato de orden y perfiles impecables. En ese escenario, una columna que vincula al secretario de Organización con el crimen organizado no es solo un ataque externo: es material que alimenta una conversación que el partido ya estaba teniendo puertas adentro.

Andrés Manuel López Beltrán respondió con una carta que exige pruebas y contraataca con el nombre de Genaro García Luna. Eso es lo que todos están cubriendo hoy. Lo que vale la pena cubrir es lo que explica por qué la columna salió cuando salió.

El secretario de Organización de Morena sobrevivió al Congreso del 3 de mayo. Cuarenta y ocho horas después, llegó Loret. Esa es la noticia.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Loret dispara cuando queda claro que López Beltrán no sale de Morena apareció primero en El Tabasqueño.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que tres ex funcionarios deberán responder patrimonialmente por operaciones que, según el fallo, fueron autorizadas sin acreditar una emergencia real de abasto en tiendas Diconsa.

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA inhabilitó por 10 años a René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex; a Oliverio Pérez Santoyo, ex gerente de Operaciones, y a Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.

Además, ordenó el pago conjunto de 261 millones 211 mil 579 pesos como indemnización por daño patrimonial derivado de contratos observados por autoridades administrativas.

La sentencia, emitida el pasado 10 de abril, concluyó que los ex funcionarios incurrieron en abuso de funciones al aprobar compras emergentes sin documentación suficiente para justificar la urgencia de las adquisiciones. Los magistrados señalaron que no existían elementos comprobables que acreditaran una situación extraordinaria de desabasto, pese a que ese argumento fue utilizado para acelerar contrataciones y adquisiciones.

De acuerdo con el expediente, fueron autorizados 17 contratos para compra de maíz blanco y dos contratos de frijol, además de servicios de transporte, por montos que superaron los 261 millones de pesos. El tribunal sostuvo que las operaciones se realizaron incluso fuera del esquema de Precios de Garantía, mecanismo diseñado precisamente para subsidiar la adquisición de granos dentro del sistema alimentario federal.

Bajo revisión

La resolución todavía puede ser impugnada ante instancias federales, aunque el fallo ya representa una de las sanciones administrativas más relevantes derivadas de las observaciones hechas sobre Segalmex. El caso también refleja cómo las áreas de control interno comenzaron a endurecer revisiones sobre contratos celebrados durante la primera etapa del organismo creado en 2019 para fortalecer el abasto alimentario nacional.

La demanda que derivó en la sentencia fue presentada por el Órgano Interno de Control de Diconsa, luego de revisar contratos relacionados con compras emergentes que, según las investigaciones administrativas, no contaban con soporte documental suficiente para justificar las excepciones utilizadas en los procesos de adquisición.

En paralelo, René Gavira enfrenta otros procesos judiciales relacionados con operaciones financieras, contratos y adquisiciones observadas por autoridades federales. Sin embargo, este nuevo fallo tiene un peso distinto porque establece responsabilidades administrativas graves y fija una obligación concreta de reparación patrimonial.

El expediente vuelve a colocar atención sobre los mecanismos de supervisión utilizados durante los primeros años de operación de Segalmex, organismo que nació como una apuesta para reforzar la política alimentaria federal y garantizar precios accesibles para productores y consumidores. Las investigaciones derivadas de auditorías y revisiones internas continúan avanzando por distintas vías legales, tanto administrativas como penales.

Efecto institucional

Más allá de los nombres involucrados, el fallo del TFJA también envía una señal institucional sobre el alcance que pueden tener las auditorías administrativas cuando derivan en sanciones económicas, inhabilitaciones y litigios de largo alcance en organismos públicos federales.

El caso Segalmex se mantiene así como uno de los expedientes de mayor dimensión financiera revisados en años recientes dentro de la administración pública federal, mientras continúan abiertos distintos procesos relacionados con contratos y manejo de recursos públicos.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Condenan a ex directivos de Segalmex; deberán devolver $261 millones por fraude apareció primero en El Tabasqueño.

La mandataria confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al Departamento de Justicia de Estados Unidos para exigir pruebas sobre las acusaciones de narcotráfico contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya.

“Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática (…) lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que mande pruebas”, declaró.

La escena no pasó inadvertida. Mientras en Washington crecían versiones y filtraciones, en México el gobierno federal decidió responder con una narrativa basada en soberanía, legalidad y cautela política. No hubo ruptura diplomática. Tampoco respaldo abierto a Rocha. Hubo algo distinto: contención institucional.

Presión externa

Sheinbaum fue más allá. Cuestionó directamente la solidez de la información presentada por autoridades estadounidenses.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice ‘Juanito, 30 mil pesos’”, expresó.

La frase reveló algo más profundo: el gobierno mexicano considera que la narrativa judicial estadounidense podría tener implicaciones políticas. Por ello, la presidenta advirtió que sin pruebas concretas el fondo del asunto podría derivar en “injerencismo”.

“Si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo”, sostuvo.

El mensaje conecta con una línea discursiva que el nuevo gobierno ha reforzado desde el conflicto en Chihuahua por la presencia irregular de agentes extranjeros. En Palacio Nacional existe la percepción de que Washington endurece mecanismos de presión bajo el argumento del combate al narcotráfico y al terrorismo.

No obstante, Sheinbaum evitó escalar el conflicto. A diferencia de otros momentos de tensión bilateral, insistió en que la relación con Estados Unidos no está rota.

“No hay una situación donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos”, afirmó.

Soberanía y cautela

La presidenta retomó incluso referencias históricas al hablar del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y la resistencia encabezada por Benito Juárez frente a la intervención francesa. El mensaje no fue casual. En medio del caso Rocha, el gobierno federal intenta construir un discurso donde la defensa jurídica también se convierte en defensa soberana.

En ese contexto, Sheinbaum destacó avances recientes con Washington. Citó el acuerdo aéreo donde Estados Unidos reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dentro del esquema bilateral de transporte, así como un decreto estadounidense relacionado con propiedad intelectual.

Además, subrayó un elemento que el gobierno mexicano considera estratégico: el reciente reconocimiento estadounidense sobre dos factores históricamente señalados por México. Por un lado, el alto consumo de drogas dentro de Estados Unidos. Por otro, el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.

Ese reconocimiento modifica parcialmente el tablero político. Durante años, México cargó casi en solitario con la narrativa internacional del narcotráfico. Ahora Washington admite responsabilidades internas.

Sin embargo, detrás del discurso diplomático también existe cálculo político. El caso Rocha aparece en un momento sensible para Morena, mientras el gobierno federal busca evitar que acusaciones externas desordenen el escenario interno.

Por ello, la presidenta cerró con un mensaje dirigido tanto a Washington como a la política mexicana.

“¿Saben qué debe hacer la Presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y defender la soberanía”.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Sheinbaum exige pruebas a EU y acusa intento de presión política internacional apareció primero en El Tabasqueño.

Reestructuración de créditos impagables para el campo

La Presidenta de México anunció la reestructuración de 69 mil 658 créditos que resultaban imposibles de pagar para el sector agropecuario. Esta medida busca sanear las finanzas de 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores en todo el país.

De acuerdo con el Gobierno Federal, el programa permitirá que los beneficiarios recuperen su estabilidad financiera. Además, se busca que este sector primario pueda acceder nuevamente a esquemas de financiamiento productivo tras años de endeudamiento.

Beneficios para mujeres y pequeños productores

El plan contempla una atención prioritaria para 13 mil 400 mujeres productoras, quienes podrán realizar sus trámites a partir de mayo. Por otro lado, 46 mil 567 hombres dedicados al campo iniciarán su proceso en el mes de junio.

La directora del INDEP, Mónica Fernández Balboa, detalló que quienes tengan deudas menores a 397 mil 551 pesos recibirán la liberación total de su adeudo. Asimismo, se aplicará un descuento del 30 por ciento a créditos que superen dicha cifra pero sean menores a 10 millones de pesos.

Puntos de atención y requisitos del trámite

Para gestionar estos apoyos, existen 43 puntos de atención del INDEP distribuidos en el territorio nacional. Los interesados también pueden contactar a través del correo solicitudesatencion@fnd.gob.mx o a los teléfonos oficiales proporcionados por la dependencia.

Finalmente, las autoridades destacaron que al liquidar la deuda se entregará una carta de finiquito. Este documento permitirá la actualización inmediata en el Buró de Crédito, facilitando que los productores obtengan nuevos financiamientos con la banca comercial.

El cargo Claudia Sheinbaum lanza programa Volver a Crecer para productores apareció primero en El Tabasqueño.

El movimiento salió desde distintos frentes del Gobierno, pero con una misma lógica política: contener la percepción de colapso institucional en uno de los estados más golpeados por la violencia y ahora también por una crisis binacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha cuenta con seguridad federal tras una evaluación realizada por el Gabinete de Seguridad. La mandataria insistió en que la medida no representa privilegio ni trato especial.

“Si un gobernador con licencia, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona solicita apoyo, se hace un análisis de riesgo”, afirmó.

La precisión no es menor. Palacio Nacional evitó hablar de protección política o respaldo judicial. El discurso oficial se concentró en el concepto de seguridad personal derivada de un análisis técnico.

Harfuch cierra otra puerta

Horas después, desde la Novena Zona Militar en Culiacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, endureció todavía más la postura institucional. Aseguró que durante toda la estrategia de seguridad desplegada en Sinaloa jamás existieron indicios de colaboración u obstrucción por parte del gobierno de Rocha.

“Nosotros no teníamos ningún indicio. Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar operaciones”, sostuvo.

La declaración tiene peso político porque proviene del funcionario que encabeza la estrategia federal contra los grupos criminales. En otras palabras: mientras Estados Unidos sostiene que Rocha habría protegido a “Los Chapitos”, el principal operador de seguridad del Gobierno mexicano afirma que las fuerzas federales nunca detectaron señales internas de sabotaje o complicidad operativa.

Además, Harfuch reveló otro dato relevante: la seguridad asignada a Rocha no surgió por petición directa del mandatario, sino por recomendación del propio Gabinete de Seguridad ante el contexto violento del estado.

“No fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande”, explicó.

El funcionario incluso descartó que existan indicios de amenaza o riesgo de atentado contra Rocha. La frase dejó una lectura doblemente sensible: el Gobierno le asigna seguridad preventiva a un gobernador bajo investigación internacional, aun cuando oficialmente no detecta amenazas directas contra él.

El freno jurídico

En paralelo, la consejera jurídica Luisa María Alcalde desaceleró el frente jurídico internacional. Informó que la FGR concluyó que Estados Unidos no acreditó los elementos necesarios para justificar una detención provisional urgente.

“La parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, afirmó.

La explicación cambia el ritmo político del caso. México no rechazó el procedimiento estadounidense. Pero sí enfrió la narrativa de una captura inmediata promovida desde Nueva York.

El relevo en Sinaloa

Mientras Palacio Nacional intentaba bajar presión jurídica, en Culiacán ya había ocurrido otro movimiento de fondo: Sinaloa cambió de gobernadora.

El Congreso local nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como mandataria interina tras aprobar la licencia de Rocha. La ex secretaria general de Gobierno, de 33 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia política del estado.

La escena tuvo además una carga simbólica incómoda. Apenas en 2025, Rocha se refirió públicamente a Bonilla como una ex “meserita de una lonchería de Dimas” que había llegado al Congreso mediante la “tómbola” de Morena. Ahora esa misma figura quedó al frente del gobierno estatal en medio de la mayor crisis política del sexenio sinaloense.

Bonilla apareció este lunes junto a Harfuch, los mandos militares y el Gabinete de Seguridad. Ahí reiteró que mantendrá coordinación total con las fuerzas federales “para seguir avanzando en la lucha por la paz y la tranquilidad de las y los sinaloenses”.

La imagen terminó sintetizando el nuevo momento político: Rocha fuera temporalmente del cargo, una gobernadora interina rodeada por el aparato federal de seguridad y un Gobierno mexicano decidido a contener el impacto político interno de una acusación construida desde Estados Unidos.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Rocha recibe resguardo federal mientras México enfría captura urgente promovida por Estados Unidos apareció primero en El Tabasqueño.

Montiel relevó a Luisa María Alcalde, quien dejó la dirigencia para asumir la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a partir del 1 de mayo. El congreso se instaló con quorum de gobernadores, senadores, diputados federales y legisladores locales.

Con orgullo asumo la presidencia de @PartidoMorenaMx nacimos en la resistencia y con principios claros: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo.

Respaldamos el trabajo y la honestidad de nuestra presidenta @Claudiashein, porque representa la defensa de la soberanía… pic.twitter.com/v6qgY6cjAd

— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 3, 2026

Faltó una sola silla: la de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su ausencia fue el contexto no escrito de cada discurso del día.

El relevo llega con el partido en un momento de desgaste interno. La dirigencia de Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán —designado secretario de Organización en septiembre de 2024— creó 71 mil comités seccionales y elevó el padrón a 12.5 millones de militantes, pero perdió casi un millón de votos en Veracruz y Durango en junio de 2025, donde liderazgos locales terminaron compitiendo bajo las siglas del PT y el PVEM. Ambos dirigentes realizaban giras por separado. Al interior del partido, la percepción es unánime: no lograron embonar.

La advertencia que nadie esperaba tan directa

En su primer discurso como presidenta nacional de Morena, Montiel fijó las condiciones para las candidaturas de 2027 sin rodeos.

“Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas”, dijo ante gobernadores, senadores y diputados reunidos en el recinto. Minutos después precisó el alcance de la advertencia: “Si tienen la certeza de que alguien cometió un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”.

Con esa declaración, el mecanismo de encuesta —que Morena ha defendido como su principal instrumento de selección democrática— quedó subordinado a un filtro previo de trayectoria. No es un cambio menor. Al interior del partido, la fisura ya es visible: la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero respaldó el endurecimiento y pidió ser “muy escrupulosos” para evitar que las postulaciones se definan por compadrazgos.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue al extremo opuesto: “El filtro más importante es el pueblo”, sostuvo, y rechazó que Morena necesite nuevos mecanismos. Esa disputa —quién tiene la última palabra sobre una candidatura— es la pelea interna que Montiel tendrá que arbitrar antes de que arranque el proceso en junio.

El caso Sinaloa: entre la justicia y la hipocresía

La pregunta que flotaba en el recinto era inevitable: ¿qué pasa con Rocha Moya? Montiel la respondió con una fórmula de equilibrio calculado.

“Morena siempre está del lado de la justicia y la honestidad”, dijo. Pero añadió de inmediato: “Rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos, para abrir la puerta a la injerencia extranjera”. La posición le permite no defender al gobernador sinaloense y al mismo tiempo no validar lo que el partido lee como presión intervencionista de Washington.

🔴 #EnVivo | VIII Congreso Nacional Extraordinario

¡Ya empezó nuestra sesión, únete!https://t.co/lJr46fqw42

— Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Transmisión de la sesión del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena

El problema de Rocha, sin embargo, tiene expediente previo. En 2021, cuando ganó la gubernatura, el candidato derrotado Mario Zamora impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, documentando presencia de personas armadas, robo y quema de urnas, y apoyo del crimen organizado a la alianza ganadora.

El tribunal resolvió que los incidentes no eran suficientes para anular la elección. Cinco años después, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien formaliza lo que entonces se dejó pasar, en plena renegociación del T-MEC. Para Morena, el timing no puede ser peor.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, trazó la línea del partido ante el escenario externo: “Empiezan a sentirse los embates de tiempos geopolíticos altamente complejos”. Y fue más directo: “La voluntad de ningún morenista está a la venta de ningún señalamiento”.

Con todo, el caso Sinaloa ya tiene efectos electorales concretos: Morena mantenía cerca del 40 por ciento de preferencias para la gubernatura sinaloense de 2027. Esa ventaja está en riesgo si el proceso judicial avanza.

El perfil de quien hereda la maquinaria

Montiel no llega sin equipaje. Como secretaria del Bienestar coordinó una estructura de 60 mil personas en campo que hicieron llegar programas sociales a casi 40 millones de beneficiarios en todo el país, con un presupuesto anual cercano a un billón de pesos. Ese es su argumento de autoridad cuando le preguntan si usará las redes del Bienestar para construir poder partidista. “Mi labor será organizar al partido”, respondió, sin desmentir que sabe exactamente cómo hacerlo.

Al interior de Morena, una decena de legisladores y líderes locales consultados esta semana por medios nacionales describen el movimiento de Sheinbaum como la búsqueda del “engranaje” perfecto: fusionar la estructura gubernamental y la partidista para llegar a 2027 con una sola maquinaria operando.

Los aliados del partido lo leen distinto. Senadores del PT, el PVEM y el PRI exhortaron públicamente a Montiel a no utilizar los padrones de programas sociales para favorecer aspirantes en el proceso interno. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, fue más directa: advirtió sobre el riesgo de institucionalizar el uso de programas sociales con fines partidistas y exigió “piso parejo” en la contienda interna.

La llegada de Montiel tampoco fue sin fricción. Tuvo que ser aceptada primero como consejera nacional antes de poder ser postulada a la presidencia del CEN: un detalle que revela las tensiones que antecedieron a un nombramiento que, en la votación final, fue por unanimidad.

La mancuerna que Morena necesita que funcione

Montiel no opera sola. A su lado, Citlalli Hernández asume la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, con la tarea específica de mantener la relación con los aliados —PT y PVEM— y conducir el proceso de selección de candidaturas.

Líderes de ambos partidos describieron esta semana la relación con Alcalde como “no mala, pero sí lejana, sin fluidez en el diálogo”. Confían ahora en que Hernández, descrita al interior como “la voz de Sheinbaum en las negociaciones”, les dé el peso que la saliente no les dio.

La primera prueba de esa mancuerna es inmediata: la elección en Coahuila el 7 de junio, donde Morena disputa 16 distritos y, según reconocen internamente, tiene ventaja real solo en dos. Es el primer examen de la nueva dirigencia, y el marcador de salida no es favorable.

Rumbo al 2027: las reglas del juego, anticipadas

El verdadero objeto de este congreso no era el pasado. Era el futuro: el proceso electoral de 2027, que renovará 17 gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados. El próximo mes arrancará la selección de los llamados coordinadores estatales de defensa de la transformación.

Alfonso Durazo lo planteó sin rodeos: “El mapa político electoral que construyamos en 2027 determinará las condiciones bajo las cuales se desenvolverá el segundo piso de la cuarta transformación”. No es solo una elección. Es la arquitectura del siguiente sexenio.

El mapa tiene contornos claros. Morena necesita ratificar 13 de las 17 gubernaturas en juego y aspira a arrebatar a la oposición al menos dos más: ve posibilidades en Nuevo León y Chihuahua, y reconoce un panorama complicado en Aguascalientes y Querétaro. También busca elevar su presencia municipal: hoy gobierna alrededor de 900 municipios sin contar a sus aliados, y esa cifra necesita crecer.

El analista Gustavo López Montiel, del Tec de Monterrey, resume la lógica detrás de todos los movimientos de las últimas semanas: “La presidenta no quiere perder lo que ganó en 2024. Su aceptación es favorable, pero no la del partido en su conjunto. Por ello prefiere hacer estos cambios para tratar de prevalecer con la fuerza legislativa que tiene hoy”.

En ese marco, Montiel lanzó la advertencia que más va a resonar en los pasillos del partido: “Aspirar no es traicionar, competir no es dividir”. Pero quien aspire, que tenga historial impecable. Y que no cuente con que ganar la encuesta sea suficiente. La competencia interna se abre. El filtro moral, también. La pregunta que Coahuila empezará a responder el 7 de junio es si la nueva maquinaria ya está calibrada, o si el engranaje todavía necesita ajuste.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Morena elige a Montiel y ella lanza ultimátum: corruptos fuera aunque ganen la encuesta apareció primero en El Tabasqueño.

La licencia de más de 30 días solicitada por Rubén Rocha Moya no sólo modificó el tablero local. También detonó un debate nacional sobre el alcance del fuero, el peso político de las acusaciones de Estados Unidos y el futuro inmediato de Morena en uno de sus estados más golpeados.

Con fuerte resguardo militar alrededor del Congreso sinaloense, la sesión arrancó a las 8:29 horas. Rocha justificó su separación “a fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad” de su conducta. La licencia fue aprobada y, minutos después, Bonilla Valverde rindió protesta.

No obstante, el movimiento dejó abiertas más preguntas de las que resolvió. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, sostuvo que Rocha mantiene fuero constitucional porque la FGR todavía no presenta una solicitud formal de procedencia. Ahí comenzó la contradicción pública.

El ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó lo contrario. “El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función”, escribió en X. Su postura elevó el choque jurídico en medio de las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Cambio inédito

La designación de Yeraldine Bonilla ocurre en el peor momento político para el grupo cercano a Rocha. La joven política sinaloense, formada en programas sociales y ex diputada local, llega al poder con una mezcla de simbolismo y fragilidad. Su nombramiento busca dar estabilidad, pero también enviar el mensaje de que Morena intenta contener daños sin romper internamente.

Además, la escena tiene otra lectura incómoda. En abril de 2025, Rocha Moya se refirió públicamente a Bonilla como una ex “meserita de una lonchería de Dimas” que había llegado al Congreso por una “tómbola” de Morena. Un año después, esa misma figura quedó al frente del gobierno estatal.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.

Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.

Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S

— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Mientras tanto, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez decidió cerrar filas. Confirmó que no pedirá licencia y que seguirá en el Senado. “No tengo nada qué temer”, aseguró desde Badiraguato. También negó versiones sobre una supuesta intención de convertirse en testigo protegido contra Rocha Moya. “Con mi patria hasta el final”, afirmó.

El caso de Inzunza es políticamente delicado. Ex secretario de Gobierno de Rocha, ex magistrado y uno de los perfiles considerados rumbo a la gubernatura de 2027, hoy aparece en el centro de una investigación binacional que amenaza con alterar la sucesión sinaloense antes de tiempo.

El fuero en disputa

Funcionarios federales señalaron que existen vacíos legales en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos cuando se trata de servidores públicos con fuero. Por ello, el caso de Inzunza se volvió el punto más sensible para la FGR.

Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense solicita detener a funcionarios mexicanos mientras algunos aún conservan cargos públicos o protección constitucional. En otros casos, como los ex gobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, las peticiones llegaron cuando ya habían terminado sus mandatos.

En este sentido, la presión ya rebasó a Morena. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió la desaparición de poderes en Sinaloa. Aunque la exigencia parece más política que viable, refleja el tamaño de la crisis institucional abierta tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

Romero sostuvo que la licencia no resuelve el problema si no se toman medidas de fondo contra la delincuencia y el crimen organizado. También afirmó que la acusación cambia la dimensión del caso, pues ya no sólo se habla de corrupción, sino de una posible distorsión de un proceso democrático.

Sin embargo, dentro de Morena el mensaje ha sido distinto. Ignacio Mier y Dolores Padierna respaldaron la licencia de Rocha Moya bajo la lógica de que permitirá investigaciones con mayor independencia. La frase intenta contener un daño mayor: que el caso termine convirtiéndose en el expediente más delicado del obradorismo territorial desde 2018.

Porque detrás del relevo en Sinaloa no sólo está la caída temporal de un gobernador. Lo que comenzó como una solicitud de licencia amenaza con convertirse en una disputa por legitimidad, control político y sobrevivencia dentro del propio movimiento gobernante.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Sinaloa estrena gobernadora mientras Inzunza resiste acusaciones y conserva fuero legislativo apareció primero en El Tabasqueño.

Pero hay un problema de fondo que la Secretaría de Relaciones Exteriores puso sobre la mesa sin ambigüedades: la documentación enviada por la embajada estadunidense el 28 de abril “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de los señalados.

En otras palabras, Washington acusó primero y mandó las pruebas después —o no las mandó.

La presidenta Claudia Sheinbaum puso nombre a lo que la cancillería había dejado implícito. Desde Palacio Nacional fijó la posición del gobierno federal con una frase que no deja margen de interpretación: “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Por ello, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para que determine si existe sustento jurídico válido bajo el sistema legal mexicano y si procede dar curso a las solicitudes de captura provisional. La cancillería, además, anunció un extrañamiento formal a la embajada de Estados Unidos por divulgar información que los tratados bilaterales en materia de extradición establecen como confidencial.

El momento en que llega la acusación

Esta imputación no ocurre en el vacío diplomático. Se produce diez días después de la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en Chihuahua, en un contexto en que la presencia de personal de inteligencia estadunidense en territorio mexicano —sin autorización, según el gobierno federal— se ha convertido en el eje de la fricción bilateral más grave del sexenio de Claudia Sheinbaum.

El embajador Ronald Johnson fue el primero en difundir públicamente los cargos en México, bajo el título “Rendición de cuentas para nuestros pueblos”. Lo hizo apenas seis días después de haber advertido, en un acto encabezado por el propio Rocha Moya en Topolobampo: “La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”.

El mensaje era tan claro entonces como lo es ahora. La pregunta es si se trata de justicia o de palanca.

Lo que dice la acusación, y lo que no prueba

El texto de la fiscalía construye su caso sobre una narrativa de dos capas. La primera: los acusados protegieron al cártel de Sinaloa —designado organización terrorista por Washington— a cambio de sobornos que el documento cuantifica en pagos mensuales de 10 mil a 300 mil pesos, respaldados con fotografías de notas manuscritas.

La segunda capa es más explosiva: sostiene que la elección de Rocha Moya en 2021 fue producto de la intervención directa de Los Chapitos —los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán—, quienes secuestraron opositores, robaron urnas y ordenaron a la policía estatal no intervenir el día de los comicios, a cambio de la promesa de impunidad operativa.

No obstante, el propio documento describe eventos y operaciones sin aportar pruebas judiciales verificables ni precisar datos que permitan su contrastación. La SRE lo documentó: lo enviado no alcanza el umbral probatorio exigido por la legislación mexicana.

El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”. El director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que los encausados “aprovecharon sus cargos de confianza para facilitar el tráfico de drogas letales”. Mencionó que el transporte se realiza “en equipaje de aviones”, sin precisar ninguna operación concreta.

Acusar con contundencia retórica no es lo mismo que probar con evidencia.

La presidenta traza tres líneas

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum leyó su posicionamiento con la precisión de quien sabe que cada palabra será pesada en dos capitales. Separó el problema en tres planos distintos para evitar que se confundan —o que la oposición los confunda.

El primero: si hay delito o no. Eso le corresponde a la FGR, que a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizará la documentación recibida. Si encuentra elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana, “deberá proceder conforme a derecho”. La Presidenta fue explícita: “no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.

El segundo plano es la injerencia. Sheinbaum planteó la pregunta en reversa para dimensionar el agravio: “¿Qué pensaría cualquier país del mundo si la FGR de México estuviera investigando gobernadores, presidentes municipales, senadores de otros países?” La respuesta es la misma en cualquier idioma.

El tercero, dijo, es la actitud de la oposición, que “se cuelga del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”. Y recordó que las investigaciones sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional —el caso Chihuahua— “todavía no se han aclarado” y siguen su curso.

Tres líneas. Ninguna cierra la puerta a la justicia. Ninguna abre la puerta a Washington.

#Mañanera ‘Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político’.

Tras la acusación de autoridades de EU contra Rocha por narcotráfico, @Claudiashein dijo que, si FGR recibe pruebas ‘contundentes’ o encuentra elementos de delito, deberá… pic.twitter.com/2PmIxqWROy

— REFORMA (@Reforma) April 30, 2026

La cadena que llega hasta 2024

El hilo que ata esta acusación a la política más reciente pasa por el rancho Huertas del Pedregal. El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada fue trasladado contra su voluntad a Nuevo México, donde quedó bajo custodia federal estadunidense. En una carta atribuida a él, Zambada señaló que ese día acudiría a reunirse con Rocha Moya, con el ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda —asesinado en ese lugar según la FGR— y con Joaquín Guzmán López, quien se entregó ese mismo día a las autoridades de aquel país.

Rocha Moya negó haber asistido. Pero Guzmán López está detenido en Estados Unidos y ha llegado a acuerdos de colaboración con la justicia estadunidense. Lo que diga ese testigo en un tribunal de Manhattan vale más que cualquier declaración pública.

Además, según el diario Los Angeles Times, la visa estadunidense de Rocha Moya fue cancelada hace más de un año. Nadie lo informó en México. Nadie lo preguntó.

La respuesta política: soberanía como trinchera

Rocha Moya declaró desde Culiacán que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”, que confirmó el apoyo de la presidenta Sheinbaum y que permanecerá en Sinaloa “trabajando, entrando y saliendo”. Calificó el caso de “ataque a la Cuarta Transformación” y señaló que se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional”.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, otro de los imputados y posible aspirante a gobernador en 2027, fue más lejos. Vinculó la acusación con su discurso previo en defensa de la soberanía nacional, la extendió como ofensa al “máximo referente político” —el expresidente López Obrador— y la calificó de “infamia” contra quienes provienen de municipios como Badiraguato.

La narrativa es conocida. La pregunta que flota sin respuesta es si esta vez alcanza para contener el peso de un tribunal federal en Manhattan.

Lo que sí es nuevo es el tono de Sheinbaum. A diferencia de la retórica de agravio de Rocha Moya e Inzunza, la Presidenta no descartó la investigación ni blindó a los acusados. Los separó. Esa distancia es, en sí misma, una señal política.

Entre dos sistemas que no se hablan bien

México tiene razón en exigir pruebas. El debido proceso y la presunción de inocencia son principios que no se negocian. La Fiscalía sinaloense lo subrayó en un comunicado: “ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”.

Pero Washington tiene un expediente abierto, testigos colaboradores detenidos y una agenda bilateral que ya no distingue entre presión diplomática y presión judicial.

En ese cruce es donde se va a dirimir el caso de Rocha Moya. No en Culiacán. No en Ciudad de México. En Manhattan.

Y en ese tribunal, el argumento de la soberanía no tiene jurisdicción.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo EU acusa a Rocha de narco; si no hay pruebas, la acusación es política: Sheinbaum apareció primero en El Tabasqueño.

La frase que encendió la alarma fue directa: “No tenemos un peso de liquidez”. Sansores explicó que el gobierno campechano tuvo que solicitar una prórroga para pagar recibos de luz y que esa salida, según dijo, no se repetirá. El mensaje no sólo exhibe presión financiera; también busca colocar el problema en una discusión mayor: el trato fiscal que recibe un estado petrolero que aporta riqueza energética, pero opera con recursos limitados para su gasto diario.

El dato político es fuerte porque Campeche no es una entidad cualquiera en el mapa energético nacional. Durante décadas cargó con el peso de la producción petrolera y sus costos sociales, ambientales y económicos. La gobernadora sostuvo que el estado ha sido castigado por una fórmula de coordinación fiscal que, a su juicio, no compensa lo suficiente a las entidades productoras. Esa es la parte de fondo: el reclamo federalista existe. Pero la pregunta administrativa también: si el problema venía anunciado desde el paquete económico, ¿el gobierno estatal ajustó a tiempo su gasto?

Los números bajo revisión

Sansores habló de un déficit cercano a 4 mil millones de pesos y de un recorte que, según su dicho, habría alcanzado 4 mil 800 millones, con otros 700 millones en riesgo. Esas cifras forman parte del argumento político de la mandataria: menos recursos de libre disposición, más presión sobre la operación del gobierno y menor margen para cubrir servicios básicos como la electricidad.

Sin embargo, hay una precisión necesaria. Reportes legislativos y análisis presupuestales ubican la reducción del gasto federalizado 2026 para Campeche en alrededor de 1,977.4 millones de pesos respecto a lo pagado en 2025. El Instituto Belisario Domínguez del Senado identificó para Campeche un gasto federalizado de 23,300.7 millones de pesos en el PEF 2026, inferior en términos nominales al año previo.

Ahí está el punto fino. No necesariamente hay contradicción total: una cosa es el gasto federalizado total y otra las bolsas de libre disposición, participaciones, convenios, recursos etiquetados o fondos extraordinarios. Pero el gobierno estatal todavía debe explicar con mayor claridad técnica cómo integra la cifra de 4 mil 800 millones. Mientras eso no ocurra, el dato funciona como denuncia política, no como corte financiero completamente desglosado.

¿Crisis por recorte o mala administración?

Hasta ahora, no hay una prueba pública concluyente que permita afirmar, como hecho, que la crisis deriva de mala administración de recursos. Lo confirmado es la falta de liquidez reconocida por la propia gobernadora, la solicitud de prórroga para pagar luz y el señalamiento de recortes federales. Lo no confirmado es que exista corrupción, desvío o quiebra técnica. Esa diferencia importa.

Lo que sí hay son focos amarillos. El primero: si el ajuste federal era previsible desde la discusión presupuestal de 2026, la administración estatal debió preparar recortes internos, priorización de pagos o una estrategia de contención. El segundo: la crisis se vuelve más sensible cuando toca gasto corriente básico. Una cosa es diferir obra o gasto administrativo; otra, admitir que no alcanza para la luz de oficinas públicas.

El tercer foco está en la narrativa política. Sansores dijo que no pedirá más préstamos ni prórrogas. Esa postura puede leerse como disciplina financiera: no endeudarse para sostener gasto corriente. Pero también expone una fragilidad operativa. Si un gobierno llega al punto de condicionar su funcionamiento al pago de energía eléctrica, el problema ya no es sólo contable; es de gestión pública.

El costo de un estado sin caja

La crisis de Campeche abre una discusión incómoda para el sureste. Los estados petroleros aportaron durante años al centro del país, pero no siempre construyeron finanzas locales fuertes. Dependieron de transferencias federales, de ingresos extraordinarios y de presupuestos etiquetados. Cuando baja el margen libre, aparece la parte más dura: salarios, servicios, mantenimiento, oficinas, proveedores.

Por eso la frase de Sansores pegó. No porque la falta de liquidez sea inédita en gobiernos estatales, sino porque fue dicha sin rodeos por una gobernadora de Morena, en un estado estratégico y petrolero. El mensaje presiona a la Federación, pero también obliga al gobierno campechano a transparentar sus cuentas: cuánto se recortó, de qué bolsa, qué pagos están comprometidos, qué gastos se van a reducir y qué servicios podrían afectarse.

Lo que sigue no debería ser sólo una nueva declaración. Campeche necesita una explicación presupuestal clara, con cifras separadas por participaciones, aportaciones, convenios, deuda, gasto corriente y recursos etiquetados. Sin ese desglose, la crisis seguirá atrapada entre dos lecturas: la del castigo fiscal a un estado petrolero y la sospecha de que el gobierno no administró a tiempo el golpe financiero. Ambas pueden convivir. Pero sólo los números completos dirán cuál pesa más.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Layda Sansores admite crisis financiera en Campeche; ‘no hay ni para la luz’ apareció primero en El Tabasqueño.

El lunes por la mañana, un megaoperativo de más de 520 elementos —marinos, tropa de acción directa, aeronaves de inteligencia— rodeó la comunidad de El Mirador sin intercambiar un solo disparo. Los escoltas huyeron en distintas direcciones. El objetivo fue detectado desde el aire cuando intentaba meterse al desagüe. A la hora del cierre, El Jardinero estaba esposado rumbo a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México.

El fin de una era en el CJNG

La captura no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido en febrero de 2025. Con el líder histórico fuera del tablero, el cártel Jalisco Nueva Generación entró en una fase de reorganización forzada. Flores Silva, identificado como presunto ex jefe de seguridad del Mencho y líder regional del CJNG en Nayarit, era el nombre que más sonaba para heredar el mando operativo.

Eso lo convirtió en el objetivo más caro del momento: la DEA tenía en pie una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El gabinete de seguridad federal describió la operación como “quirúrgica”. La palabra no es gratuita: 19 meses de inteligencia de campo y gabinete, intercambio de información con agencias estadounidenses, aeronaves de reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano y dos de transporte de tropas. Todo convergió en un punto de coordenadas en la sierra nayarita.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, subrayó el gabinete en su comunicado oficial.

El operador financiero: el golpe dentro del golpe

Menos de veinticuatro horas después, en Zapopan, Jalisco, fue detenido César Alejandro “N”, apodado El Güero Conta. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el arresto en redes sociales con un detalle que revela la dimensión del golpe a la estructura criminal.

“El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”, escribió García Harfuch.

No es un custodio caído. Es el cerebro financiero. La captura simultánea del mando operativo y del mando financiero en menos de un día sugiere un desmantelamiento planeado de la cadena de mando, no una serie de golpes de suerte.

Washington celebra; Nayarit arde

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente la detención. “Representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, escribió en redes sociales.

El reconocimiento explícito a la Secretaría de Marina no es protocolo diplomático vacío. Marca el nivel de confianza operativa que Washington ha depositado en una institución específica del Estado mexicano —no en el ejército, no en la policía federal— para operaciones de alto valor.

No obstante, la respuesta en tierra fue inmediata. En los municipios nayaritas de Tecuala, Ahuacatlán y Acaponeta, presuntos integrantes del cártel quemaron negocios y vehículos, suspendieron el transporte público y sembró una tensión que el gobernador Miguel Ángel Navarro intentó contener con un video: “Nayarit se mantiene en calma y en plena normalidad”.

La realidad en las calles decía otra cosa: los camiones de la empresa Medina, que conectan la región con Puerto Vallarta, retiraron sus unidades “hasta nuevo aviso”.

Lo que viene: una sucesión sin candidato claro

La captura de Flores Silva resuelve una pieza, pero abre otra pregunta. Con El Mencho muerto y su presunto sucesor detenido, el CJNG enfrenta su mayor vacío de liderazgo en dos décadas. Los cárteles no desaparecen con sus líderes. Se fragmentan, se reorganizan o son absorbidos. La historia reciente de México lo demuestra con el Cártel de Sinaloa tras la recaptura de El Chapo y con la propia evolución del CJNG después del declive de Los Zetas.

La pregunta relevante no es si habrá un sucesor. Es quién, desde dónde y con qué alianzas.

¡Mantente informado en WhatsApp!

Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.

ÚNETE AL CANAL AQUÍ

El cargo Lo hallaron en un drenaje: cayó el presunto nuevo jefe del CJNG apareció primero en El Tabasqueño.