El martes por la mañana, Erubiel Lorenzo Alonso Que recibió una playera naranja con su apellido estampado y el número 27. Se la entregaron Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, los dos hombres que mandan en Movimiento Ciudadano. Los tres levantaron el puño para la foto. Erubiel sonreía. Cuarenta y ocho horas antes había llorado en vivo anunciando su renuncia al PRI tras treinta años de militancia.

Las lágrimas del lunes y la sonrisa del martes no son contradicción. Son la secuencia de una transición que ya estaba negociada antes de que ocurriera. El llanto fue la escenografía. El destino ya estaba acordado. Y el número en la playera lo confirmó sin que nadie tuviera que decirlo: 27. El año en que Erubiel Alonso quiere ser presidente municipal de Centro. El año en que MC Tabasco dice que va a ganar la mitad del estado.

Lo que está pasando en el partido naranja en Tabasco esta semana no es una historia de fichajes ni de renuncias con lágrimas. Es algo más relevante y menos evidente: la reconfiguración acelerada de un partido que ya no se parece al que ganó sus primeras alcaldías.

MC no crece. Se puebla.

El partido MC Tabasco llegó a 2026 con tres municipios gobernados por construcción propia. Paraíso, Tacotalpa, Emiliano Zapata. Esos triunfos tienen nombre: Alfonso Jesús Baca Sevilla, que ganó Paraíso para el partido naranja; Ricki Antonio Arcos Pérez, que ganó Tacotalpa dos veces consecutivas por MC; y José Armín Marín Saury, que gobierna Emiliano Zapata bajo la misma bandera. Tres políticos que hicieron territorio, que pusieron votos, que no llegaron por acuerdo nacional ni por candidatura negada en otro partido. Ese es el MC real. El MC que existe antes de esta semana.

Todo lo que está llegando ahora viene de afuera.

De Morena, por rupturas personales o candidaturas negadas. Del PRI, por el derrumbe de una lealtad que duró lo que duró. De acuerdos que se cierran en Ciudad de México y se anuncian en Tabasco como si fueran decisiones locales.

Hay una diferencia entre un partido que crece y un partido que se puebla. Un partido que crece lo hace desde adentro: construye identidad, acumula militancia, gana elecciones con sus propias razones. Un partido que se puebla recibe políticos que llegaron porque se quedaron sin casa. Crecen los números. Se diluye la identidad.

MC Tabasco está en la segunda categoría. Y nadie dentro del partido lo dice en voz alta porque a todos les conviene el crecimiento, aunque sea prestado.

La franquicia y el operador

Dante Delgado construyó Movimiento Ciudadano con una lógica que no es ideológica ni territorial. Es empresarial. MC es una franquicia política: recibe marcas, no militantes. Políticos con nombre, con historia, con votos potenciales, que a cambio de camiseta naranja aportan curules, presupuesto de bancada y posicionamiento electoral. El modelo funciona. Ha funcionado en varios estados. Y Tabasco, con un gobierno que muestra signos de desgaste y una oposición fragmentada, es exactamente el tipo de territorio donde la franquicia encuentra condiciones para expandirse.

Pero Dante no opera solo en Tabasco. Tiene un socio que no aparece en ninguna foto.

Adán Augusto López Hernández es senador. Tiene ambiciones que van más allá de Tabasco pero que necesitan base territorial en el estado. Esa base no puede construirla en Morena, donde el gobernador Javier May controla la estructura. Puede construirla en MC, donde el partido está en modo expansión y donde una de sus ex operadoras más cercanas acaba de recibir la dirigencia estatal.

Karla Rabelo Estrada fue diputada local en 2018 y diputada federal en 2021, las dos veces de la mano de Adán Augusto. Cuando en 2024 le pidió la candidatura a la presidencia municipal de Huimanguillo y no la obtuvo, se fue a MC. Perdió la alcaldía. Pero no desapareció. En junio de 2026 la dirigencia nacional del partido naranja la designó coordinadora estatal de Tabasco con apenas dos años de militancia naranja.

Rabelo niega cualquier vínculo entre su designación y su trayectoria con el senador. Dice que desde el 14 de febrero de 2024, cuando presentó su renuncia a Morena, hubo distanciamiento y quebranto con Adán Augusto. Que de ese capítulo no queda nada.

Puede ser cierto. También puede ser lo que cualquier político en su posición diría.

La siembra que nadie anunció

Lo que los hechos muestran es otra cosa. Debajo de los nombres que sonaron esta semana hay una red que lleva meses poblando MC Tabasco en silencio. Tenosique. Balancán. Centla. Cunduacán. Jalpa. Municipios distintos, regiones distintas, perfiles distintos. Pero con un denominador común: trayectorias vinculadas al adancismo. Un ex alcalde de Tenosique. Un precandidato por Balancán. Varios perfiles en Centla. Cuadros en Cunduacán y Jalpa. Incluso un líder del sector ganadero.

Eso no es migración espontánea de políticos que encontraron en MC una alternativa ideológica. Eso es siembra deliberada con visión territorial. Los políticos no llegan solos a municipios específicos. Alguien tiene el mapa. Y alguien los está colocando.

El acuerdo entre Dante y Adán no necesita firma para existir. Basta con que los intereses coincidan. Dante necesita territorio y cuadros con experiencia de gobierno. Adán necesita presencia local sin aparecer en Morena. MC Tabasco es el vehículo que los dos necesitan y que ninguno de los dos puede nombrar: Adán porque confrontaría a Morena nacional y a JMR. Dante porque MC necesita ser percibido como alternativa independiente, no como el partido de un ex secretario de Gobernación con ambiciones propias.

El silencio es parte del acuerdo.

La grieta que ya es visible

Si ese es el acuerdo, si esa es la reconfiguración que está ocurriendo, queda una pregunta sin responder: ¿qué piensan de todo esto los que construyeron MC Tabasco antes de que llegara alguien a poblarlo?

La respuesta ya se dio. Y se dio en público.

Cuando Jorge Álvarez Máynez publicó la foto con Erubiel Alonso y Dante Delgado, uno de los tres alcaldes de MC en Tabasco respondió en los comentarios de esa misma publicación. No fue para felicitar. Ricki Antonio Arcos Pérez, presidente municipal de Tacotalpa, escribió lo que muchos en el círculo político tabasqueño pensaban pero no habían dicho en voz alta:

“¿Cuál liderazgo? En Tabasco nos conocemos todos, es un bandidazo”.

El comentario recibió 41 reacciones de apoyo. Nadie de MC lo respondió. Ni la dirigencia nacional. Ni la coordinadora estatal. Ni De la Fuente. Ese silencio institucional no es prudencia. Es la primera fractura pública entre el MC que llegó de afuera y el MC que construyó desde adentro. Una dirigencia con autoridad real habría respondido. O habría llamado al alcalde antes de que publicara. No hizo ninguna de las dos cosas.

Arcos Pérez pertenece al bloque territorial que perdió la disputa interna por la dirigencia estatal. Su reacción no es espontánea: es la expresión pública de un sector que siente que las decisiones nacionales se toman sin consultarles. Los que pusieron los votos se enteran de los acuerdos por las redes sociales del coordinador nacional.

Los tres MC bajo una sola bandera

Hay tres MC Tabasco operando simultáneamente con intereses que por ahora no colisionan abiertamente pero que apuntan en direcciones distintas.

El MC nacional quiere curules y alcaldías. No le importa quién las gana mientras suban los números. Recibe a Erubiel porque la bancada sube a 29 diputados. Punto.

El MC estatal quiere consolidar poder local y sobrevivir políticamente. Rabelo necesita ganar en 2027 para justificar su designación. De la Fuente necesita que Rabelo le deba algo. Los dos necesitan que el partido crezca aunque el crecimiento venga de afuera.

El MC territorial quiere proteger lo que ya tiene. Los tres alcaldes construyeron sus municipios palmo a palmo. No quieren competencia interna. No quieren que lleguen políticos con historia priista, morenista o la que sea, pero que les disputen el espacio que ellos construyeron.

Estos tres MC coexisten bajo la misma bandera naranja. Pero no son el mismo proyecto. Y cuando llegue 2027 y haya candidaturas que repartir, esa tensión va a tener que resolverse. El ‘bandidazo’ lanzado por Arcos Pérez fue solo el primer aviso.

Lo que MC compró y lo que no sabe que está pagando

Erubiel Alonso llegó a MC con un currículum que en frío suena sólido: vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, secretario nacional del Movimiento Territorial, diputado federal. Leídos así, esos títulos parecen los de un político con peso nacional.

El contexto tabasqueño los reencuadra completamente.

Esos cargos los tuvo porque Alejandro Moreno Cárdenas se los dio. No los ganó. Los recibió. Son cargos de designación, no de construcción. Y cuando Alito dejó de dárselos, Erubiel no tenía nada propio sobre qué pararse. Los políticos que conocen su trayectoria en Tabasco son precisos: sin Alito, Erubiel no representa nada.

Lo que Dante compró no fue una estructura. Fue un título y una visibilidad mediática construida durante meses atacando al gobierno de Javier May desde las filas del PRI. Eso tiene valor comunicacional en el corto plazo. El costo a mediano plazo es que un político sin raíces propias es un político disponible para el siguiente mejor postor.

Y hay un dato que el relato oficial no explica: un político que llora el lunes por una ruptura de treinta años y aparece sonriente con Dante y Máynez el martes no procesó ese quiebre en veinticuatro horas. Procesó una transición que ya estaba negociada antes de que ocurriera. Las lágrimas fueron la escenografía. El acuerdo ya estaba cerrado.

La apuesta y su techo

Álvarez Máynez fue directo cuando habló de Tabasco esta semana: “Se le acabó la fiesta a Morena en Tabasco.” Señaló al gobernador como nervioso. Se burló de Andrés Manuel López Beltrán, a quien describió como alguien que “le juró amor eterno a la Ciudad de México y ahora habla como tabasqueño.” Proyectó al menos siete municipios para MC en 2027.

Es un discurso de campaña, no de oposición institucional. Y es un discurso construido enteramente sobre el desgaste ajeno. Ahí está el techo.

Un partido que crece porque el adversario va mal es un partido vulnerable cuando ese adversario mejora o cuando aparece una figura que renueva la narrativa oficialista. Si Andy López Beltrán logra posicionarse en Tabasco como figura renovadora antes de que arranque el proceso electoral de 2027, comprime el espacio naranja desde adentro de Morena antes de que MC pueda aprovecharlo.

Y la cifra de municipios que MC proyecta ganar tampoco está clara hacia adentro. Rabelo habla de entre 8 y 10 alcaldías. Máynez habla de al menos 7. La dispersión no es error de comunicación. Es que cada uno habla para una audiencia distinta: Rabelo le habla a los políticos tabasqueños que evalúan sumarse, prometiéndoles espacio. Máynez le habla a la prensa nacional con una cifra que pueda defender. Los dos tienen razón en su propio teatro.

Pero Tabasco tiene 17 municipios. MC gobierna 3. Para llegar a 10 necesita ganar 7 más. Eso no lo resuelve ningún acuerdo en Ciudad de México. Lo resuelven los votos. Y los votos se construyen en territorio. El mismo territorio que los alcaldes de Tacotalpa, Emiliano Zapata y Paraíso conocen mejor que cualquier político que llegó llorando un lunes y sonriendo un martes.

¿De quién es este partido?

En todas las fotos de esta semana hay actores visibles. Dante. Máynez. Erubiel. Karla. De la Fuente. Incluso Arcos Pérez, que apareció en los comentarios.

Hay un personaje que no está en ninguna imagen. Que no dio ninguna declaración. Que no apareció en ninguna entrevista. Pero cuya huella está en el perfil de quienes sí aparecen, en los municipios donde sus cuadros están caminando y en el silencio coordinado con que todos evitan pronunciar su nombre. En política, cuando todos callan al mismo personaje, ese personaje es el más importante de la escena.

MC Tabasco termina esta semana con una coordinadora estatal designada desde arriba, un diputado federal que llegó llorando y se fue con una playera, una red de cuadros distribuidos por el mapa del estado y una fractura interna que ya tiene cara y nombre pero todavía no tiene resolución.

Lo que no tiene todavía es una respuesta a la pregunta que esta semana dejó abierta: ¿De quién es, en realidad, este partido?

El Tabasqueño. Periodismo Bien Hecho.

El cargo Adán siembra, Dante cosecha: la ocupación silenciosa de MC Tabasco apareció primero en El Tabasqueño.

Hasta las 21:00 horas del martes 9 de junio, ni Adán Augusto López Hernández, ni ninguna autoridad federal, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores habían emitido una sola palabra para desmentir —o confirmar— lo publicado por Raymundo Riva Palacio. El silencio, en política, también es una respuesta.

La columna circuló por WhatsApp en Tabasco desde temprano. Riva Palacio tiene historial de publicar filtraciones de agencias de inteligencia estadounidenses confirmadas, pero también información que nadie validó. Aun así, nadie la ignoró.

Lo que publicó: el Departamento de Estado habría revocado la visa del senador y ex secretario de Gobernación en el marco de una investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Sin confirmación oficial. Sin desmentido.

La pista que llegó desde Palacio Nacional

Según el texto de Riva Palacio, la historia tiene fecha: septiembre de 2025. Tras la reunión del secretario de Estado Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch habría recibido fichas de inteligencia sobre López Hernández y su presunto involucramiento en el huachicol desde el sur del país.

Si la versión es cierta, eso explicaría por qué la presidenta le habría insistido al senador en aceptar una embajada fuera de México. Y por qué la rechazó.

El reporte agrega que parte de la razón por la que no se han abierto indagatorias en territorio mexicano es que la carpeta toca a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente, con presuntas evidencias en ambos países de involucramiento en lo que el texto llama el huachicol fiscal. Nadie del gobierno federal salió a desmentirlo.

Según Riva Palacio, la razón de esa parálisis tiene nombre. Abrir una carpeta contra Adán Augusto implica activar un expediente que toca a Andy López Beltrán. El senador no es intocable por poderoso. Es intocable porque procesarlo cuesta más de lo que el gobierno está dispuesto a pagar. Esa es la diferencia entre un caso de corrupción y un problema de sistema.

El antecedente que viene de Tabasco

El señalamiento sobre Adán Augusto no surge de la nada. Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, está detenido y señalado de haber fundado la organización criminal conocida como La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación estadounidense señala que La Barredora se expandió hasta la frontera con Guatemala con el presunto respaldo del ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hoy cónsul mexicano en Miami.

No es un expediente menor: el 14 de mayo, los senadores John Cornyn y Jacky Rosen introdujeron en el Capitolio una iniciativa bipartidista para elevar el combate al huachicol a rango de seguridad nacional de Estados Unidos.

Lo que Washington le reprocha va más allá del huachicol: haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países. Eso convierte el caso en un asunto de seguridad nacional, no en un expediente de corrupción entre vecinos. La iniciativa Cornyn-Rosen no es presión diplomática. Es arquitectura jurídica para intervenir con ese argumento.

Tres gobernadores más, cuentas congeladas

La columna no se limita a Adán Augusto. Afirma que las visas de tres gobernadores en activo también habrían sido revocadas: Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Marina del Pilar Ávila (Baja California). Que cuentas en Estados Unidos ya estarían congeladas y propiedades en proceso de embargo.

Ninguna autoridad lo ha confirmado. Ninguna lo ha negado.

En el Senado, el vicecoordinador morenista Ignacio Mier Velazco salió a defender al tabasqueño: viajó recientemente a Estados Unidos, dijo, lo que descartaría restricciones migratorias. Sin declaración del propio Adán Augusto, la defensa de Mier suena más a gestión de daños que a desmentido.

Los 80 millones que sí están documentados

Antes de la columna de Riva Palacio, ya existía otra historia. Una investigación reveló que entre 2023 y 2024, López Hernández recibió transferencias por alrededor de 80 millones de pesos de dos empresas: GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, esta última vinculada a su hermano Melchor López Hernández y proveedora del gobierno tabasqueño en su administración.

Además, Capital Cargo del Golfo —que recibió contratos por adjudicación directa en esa gestión— le transfirió 18.8 millones de pesos adicionales que no aparecen en su declaración patrimonial.

El caso tiene otra dimensión. Su principal financiero, Fernando Padilla, fondeó la precampaña de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua y al estratega electoral de Sheinbaum, Iván Silva. Si ese hilo es real, el dinero de su red irrigó la campaña presidencial.

Hay un dato más que define el estado real de esa relación: Adán Augusto fue invitado a no asistir al discurso presidencial del segundo aniversario electoral. Junto con Ricardo Monreal. Una exclusión silenciosa. En política, ese tipo de señales no se improvisan. La presidenta no necesita confrontarlo públicamente. Basta con dejarlo fuera del encuadre.

El senador reconoció las transferencias: dijo que provienen de herencia familiar, honorarios como notario en Tabasco y bienes de su padre en Estados Unidos. Informó que su familia litiga la recuperación de un departamento y una inversión en Houston, Texas, que pertenecieron a su madre.

“Nunca he escondido mis ingresos. Fui el primer gobernador de Tabasco que hizo su declaración patrimonial”, dijo en conferencia. Luego insinuó conocer el origen de la filtración: “A todo santo le llega su capillita”.

Lo que el silencio no puede responder

El expediente de Riva Palacio no ha sido confirmado oficialmente. Su historial obliga a la cautela, pero también a no descartarlo.

Lo que sí existe sin filtraciones: documentos del SAT, un ex secretario de Seguridad detenido por fundar una organización criminal, transferencias millonarios con empresas de su círculo, y un senador que calla cuando más debería hablar.

El silencio es, hasta ahora, la pieza más elocuente del expediente.

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El cargo Riva Palacio revela: ¿Adán Augusto sin visa por investigación de EU por huachicol y crimen organizado? apareció primero en El Tabasqueño.

Con el 100 por ciento de las actas capturadas —las 4,319 previstas—, el PREP de Coahuila cerró con una contundencia que no admite matices aritméticos: la coalición PRI-UDC obtuvo 684,515 votos, el 55.01 por ciento de la votación total. Morena-PT quedó en 326,012 votos, el 26.20 por ciento. Una diferencia de casi 29 puntos porcentuales. El PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa. El tercer carro completo legislativo consecutivo en el estado donde el tricolor nunca ha perdido la gubernatura.

El gobernador Manolo Jiménez lo leyó como un refrendo a su administración. “Un agradecimiento a nuestra gente porque también siento esta elección como un refrendo a nuestro gobierno”, dijo desde el Palacio de Gobierno, sin aceptar preguntas. No le falta razón para la lectura, aunque le sobre la escenografía.

Pero el resultado tiene una segunda lectura, más incómoda, que no está en los números de Coahuila sino en lo que esos números dicen sobre el momento que atraviesa Morena.

Coahuila tiene una explicación estructural que Morena conoce bien: el desfase electoral construido durante dos sexenios priistas, la maquinaria territorial, el voto corporativo, la participación controlada. Todo eso es real y documentado. Y sin embargo, algo no cuadra del todo con esa explicación.

En 2020, con menos del 40 por ciento de participación, el PRI ganó los 16 distritos. Ese resultado cabía casi completamente dentro del diferencial de movilización. Este domingo la participación llegó al 50.73 por ciento, la más alta en cualquier elección legislativa aislada en la historia reciente de Coahuila. Más ciudadanos salieron a votar. Y el resultado fue el mismo: 16 de 16 para el tricolor, con una diferencia que no se redujo sino que se amplió respecto a 2023.

Ese dato merece detenerse. No porque invalide la explicación estructural, sino porque la completa. La maquinaria priista coahuilense no solo funciona en condiciones de baja participación. Funcionó con mayor participación. Eso habla de algo más que ingeniería del calendario: habla de un gobernador con aprobación real, de indicadores económicos y de seguridad que la ciudadanía está valorando, y de un voto que no fue solo corporativo sino también, en una parte no menor, libre.

El distrito más apretado para el PRI fue el Distrito 06 con cabecera en Frontera, donde la diferencia fue de 9.51 puntos. El más holgado: el Distrito 01 de Acuña, con 52.31 puntos de ventaja. En los distritos de La Laguna, el PRI rebasó el 60 por ciento. Ni en el peor distrito para el tricolor pudo Morena acercarse a una victoria.

El temor que no se dice en voz alta

Aquí es donde el resultado de Coahuila deja de ser solo una noticia de estado norteño.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, lo dijo con una honestidad poco frecuente en la política mexicana: esperaban ganar entre uno y tres distritos. No ganaron ninguno. “Esto que pasó para nosotros es verdaderamente un control total que tiene el priismo ahí”, reconoció. Y luego añadió algo más relevante: “Morena lleva dos al hilo que también tiene que hacer reflexión”.

Esas dos al hilo son Veracruz y Coahuila. Durango está detrás, donde la coalición morenista perdió cuatro alcaldías que ya gobernaba. Y si se mira más cerca, en las elecciones municipales de 2024 Morena perdió seis alcaldías que formaban parte de su mapa de gobierno.

El coordinador morenista en la Cámara, Ricardo Monreal, atribuyó el resultado a una “elección de Estado” y listó a más de una docena de diputados federales que habrían sido detenidos o revisados por la policía estatal durante la jornada. La acusación es seria y merece seguimiento en los tribunales. Pero el mismo Monreal reconoció, en la misma declaración, que Morena descendió alrededor de 20 puntos en votación respecto a 2024 en Coahuila. Esas dos cosas no se contradicen, pero la segunda pesa más de lo que se admite.

La pregunta que circula sin decirse en voz alta dentro de Morena es esta: ¿cuánto de lo que pasó en Coahuila es el PRI ganando, y cuánto es Morena cediendo?

La franquicia y sus grietas

El diputado petista Sandoval puso sobre la mesa un factor que pocos en el oficialismo quieren nombrar directamente: las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que vinculan a políticos de Morena con el narcotráfico. “Sí está permeando y sí afecta”, dijo. “La noticia, la que no mancha, tizna”.

Es una confesión política importante. No porque las acusaciones sean necesariamente ciertas, sino porque el propio entorno morenista reconoce que están dejando huella en la percepción ciudadana. Y la percepción, en política electoral, es tan importante como el hecho.

A eso se suma algo que trasciende la guerra sucia y que en estados como Tabasco se observa con preocupación creciente: el desgaste interno de la franquicia. No solo los gobiernos con resultados mediocres. También las divisiones que se generan desde adentro, los operadores que actúan como candidatos antes de serlo, los alcaldes que fragmentan en lugar de construir.

En municipios como Nacajuca, por ejemplo, dirigentes que deberían estar pensando en el partido están actuando con la lógica del candidato propio, sin medir el daño colateral que le ocasionan al movimiento. Ese tipo de conducta, multiplicada en distintas regiones, no se resuelve con discurso transformador.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, lo leyó sin eufemismos: “Hay que ver lo que le está pasando a Morena y a su gobierno, en una coyuntura muy difícil para ellos”. Y convocó a leer Veracruz, Durango y Coahuila como una secuencia, no como eventos aislados. Es la narrativa que el PRI necesita para 2027. Coahuila le acaba de dar material.

Andy, Montiel y la cadena de mando

El resultado inevitablemente revive la pregunta sobre la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena dos semanas antes de la jornada. Monreal fue enfático en deslindar: “No le atribuimos el resultado a que Andrés Manuel López Beltrán haya solicitado su renuncia”. La defensa es comprensible políticamente, pero la cronología sigue siendo incómoda.

López Beltrán operó el territorio durante meses, movilizó a cerca de sesenta diputados federales y construyó la estructura. Se fue cuando los números empezaban a no cuadrar. Lo que alegó en su carta de renuncia —que el reglamento interno lo obligaba a salir antes del 31 de mayo— no tiene sustento verificable: la propia dirigente Ariadna Montiel reconoció ese mismo día que Morena aún no tenía definidas las fechas para separaciones y licencias de aspirantes a 2027. El 31 de mayo fue la fecha que él mismo se fijó.

Antes que él, Luisa María Alcalde había dejado la presidencia del partido para incorporarse al gabinete de la presidenta Sheinbaum. Montiel recibió un proceso en marcha y lo condujo hasta el final con lo que tenía. El resultado no es atribuible a ninguna salida por separado. Pero la secuencia de relevos en la dirigencia nacional en el tramo previo a una elección habla de una institución partidista que todavía no consolida sus mecanismos de operación electoral sin depender de nombres propios.

El PAN: la invisibilidad como advertencia

Hay un dato lateral que merece atención porque tiene implicaciones que van más allá de Coahuila. El PAN podría perder su registro estatal. Con apenas 2.16 por ciento de los votos y poco más de 26 mil sufragios en todo el estado, el partido que hace tres años gobernaba cinco distritos en coalición con el PRI quedó reducido a una cifra estadísticamente irrelevante.

El portavoz panista Jorge Triana lo resumió con una frase que no necesita comentario: “Nos invisibilizamos”. Años de alianza con el tricolor les permitieron mantener posiciones, pero los fue borrando como opción autónoma. La ciudadanía que no quería votar por Morena votó por el PRI directamente. El PAN quedó en el medio de ninguna parte. Es una advertencia para cualquier partido que opte por la subsistencia a través de la coalición permanente: la identidad propia no se recupera con facilidad.

El partido de nueva creación Nuevas Ideas, en cambio, obtuvo el 5.87 por ciento y aseguró su registro estatal. Un partido recién llegado superó al PAN. Ese solo dato resume el estado del blanquiazul en Coahuila.

Lo que Coahuila le dice a Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuidadosa al ser cuestionada: remitió las denuncias de Morena a los procedimientos jurídicos correspondientes sin pronunciarse sobre el fondo. Es la respuesta institucional correcta. Pero la secuencia de resultados adversos en elecciones locales es un dato que el partido gobernante no puede seguir leyendo solo como geografía o como condiciones específicas de cada estado.

Coahuila tiene sus particularidades. Tiene al PRI más consolidado del país y un calendario diseñado para blindarlo. Pero la suma de Durango, Veracruz, las seis alcaldías de 2024 y ahora Coahuila es un patrón que ya no cabe en la excepción. Y el patrón tiene un componente interno que es quizá el más difícil de atender: los propios errores. Los alcaldes con resultados pobres, los dirigentes divididos, los operadores que anteponen su candidatura al partido, los cuadros que en la confianza del triunfo asegurado se vuelven impresentables para la ciudadanía que supuestamente representan.

Coahuila es un indicador externo. Pero también puede funcionar como espejo. Y lo que ese espejo muestra no es solo la fortaleza del PRI. Muestra también lo que Morena hace o deja de hacer en los territorios que ya tiene.

El PRI ganó Coahuila porque tiene a Coahuila. La pregunta relevante para 2027 es si Morena está perdiendo algo en los lugares donde sí lo tiene.

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El cargo El PRI ganó. Pero la pregunta es qué perdió Morena apareció primero en El Tabasqueño.

En la elección federal de 2024, Morena y sus aliados obtuvieron en Coahuila el 53.7 por ciento de los votos. El PRI y sus socios apenas el 38.8 por ciento. Hoy domingo, con los mismos ciudadanos y el mismo padrón, el tricolor podría barrer los 16 distritos en disputa y llevarse el «carro completo» por tercera vez consecutiva. No es magia. Es ingeniería.

Coahuila vota solo. Es la única elección en todo México este año. Los 2.5 millones de ciudadanos en padrón elegirán las 25 diputaciones del Congreso local —16 de mayoría relativa y nueve plurinominales— en una jornada que arrancó a las 8 de la mañana y cierra a las 18 horas. Para entonces, sabremos si la trampa sigue funcionando.

El reino que nunca ha cambiado de dueño

Coahuila es una anomalía en el mapa político mexicano. Es el único estado de la República donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura. Mientras el tricolor se derrumbaba en el resto del país —primero ante el PAN, luego ante Morena—, aquí resistió. Aquí gobierna. Aquí manda en el Ejecutivo, en el Legislativo y en la mayoría de los municipios.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas llega a esta jornada con una aprobación superior al 60 por ciento, respaldado por números reales: Coahuila es el estado del norte con mejores indicadores de seguridad, atrae inversión y genera empleo. No es un gobernador en problemas. Es un gobernador que quiere más.

«Este próximo 7 de junio vamos con todo y vamos por todo, vamos unidos y vamos a ganar el carro completo», anunció Carlos Robles, presidente estatal del PRI, con la frase que repitieron todos sus candidatos en los cierres de campaña.

El tricolor desplegó para esta elección a 37 diputados federales —el mismo número que municipios tiene el estado— y a 13 senadores. Uno por municipio. La maquinaria territorial funcionando a plena capacidad.

Lo que el PRI no dice en sus discursos es que ese «carro completo» tiene un manual de instrucciones. Se llama calendario electoral. Y lleva 16 años afinándose.

La ingeniería del desfase

No siempre fue así. Durante décadas, las elecciones en Coahuila seguían un ciclo lógico: en un año se elegía gobernador, alcaldes y diputados; tres años después, solo alcaldes y legisladores. La participación era razonablemente uniforme.

Todo cambió en 2010, cuando una reforma electoral introdujo alcaldías de cuatro años. Ahí se rompió por primera vez la sincronía entre las elecciones municipales y las legislativas. No fue un accidente administrativo. Los partidos de oposición lo documentaron ante el Instituto Electoral de Coahuila: la reforma se impulsó bajo el gobierno priista de la época para blindar el Congreso local.

Pero el golpe maestro llegó en 2017. Una nueva reforma creó un período de transición: alcaldes que duraban solo un año en el cargo, para ajustar el calendario. El propio Jiménez fue alcalde de Saltillo durante ese período de un año, de 2018 a 2019, antes de ser reelecto por tres años y después ganar la gubernatura.

El resultado: las elecciones para el Congreso local quedaron aisladas del resto del calendario nacional y estatal. Solas. «Huérfanas», en la palabra del dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque.

«Son elecciones menos atractivas y le han servido al Gobierno en turno para ganar la mayoría en el Congreso local», señaló Del Bosque. «En estas elecciones huérfanas nunca han perdido un distrito de mayoría, lo cual es totalmente atípico con las demás elecciones. Es un calendario electoral a modo para el partido en el Gobierno.»

La lógica es brutal en su simplicidad: una elección solitaria para diputados locales genera poco interés ciudadano. El abstencionismo sube. Y cuando sube el abstencionismo, el voto corporativo del PRI —estructuras sindicales, organizaciones sociales, servidores públicos— pesa proporcionalmente más. El voto libre se diluye. El voto dirigido se concentra.

«Cada que ocurren este tipo de elecciones baja considerablemente el porcentaje de participación ciudadana», apuntó Del Bosque. «Esto le ha servido para tener elecciones que pasen desapercibidas y que sea la estructura de compra y coacción del voto la que termine definiendo los resultados.»

Y por si no fuera suficiente, el año pasado la mayoría priista en el Congreso aprobó una reforma adicional: recortó 15 días a las campañas electorales, que pasaron de 45 a 30 días. Un 33 por ciento menos de tiempo para hacer campaña. Un 33 por ciento menos de exposición. Un 33 por ciento menos de posibilidades para los partidos sin estructura territorial.

La paradoja de los números

Los datos son incómodos para cualquier narrativa que no sea la de la ingeniería.

En la elección federal de 2024, con todo el país votando al mismo tiempo, Morena y sus aliados sacaron en Coahuila el 53.7 por ciento. El PRI, el PAN y el PRD juntos: 38.8 por ciento. La correlación real de fuerzas en el estado es morenista.

Pero en la elección legislativa local de 2023, con el electorado reducido por el abstencionismo, el PRI obtuvo el 43 por ciento de los votos, ganó 9 de los 16 distritos de mayoría relativa y sumó un diputado plurinominal adicional. Morena quedó en segundo lugar con apenas el 25.3 por ciento y sin ganar un solo distrito.

En la elección de 2020 —la primera totalmente aislada bajo el nuevo calendario—, con una participación ciudadana de menos del 40 por ciento, el PRI se llevó el carro completo: 16 distritos de 16.

El mismo electorado. Distinto calendario. Distinto resultado.

“Sin duda, está hecho adrede”, dijo el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao. “La elección a diputados es la elección que menos motiva a los ciudadanos. Obedece a la maquinaria electoral del Gobierno del PRI, con la intención de que menos ciudadanos salgan a votar”.

Para este domingo, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, proyecta una participación del 40 por ciento del padrón. El mecanismo está en marcha.

La gran fuerza que llegó sin su arquitecto

Morena nunca había ganado un distrito de mayoría relativa en Coahuila. En 2020 consiguió cinco diputados, todos por representación proporcional. En 2023, seis, también plurinominales. Este año, la coalición Morena-PT va bajo el lema “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila” con la ambición declarada de romper la hegemonía legislativa del tricolor.

El problema es que el arquitecto de esa ambición ya no está.

Andrés Manuel López Beltrán —secretario de Organización de Morena, hijo del ex presidente— fue el encargado de operar territorialmente la elección de Coahuila. Desde abril se reunió con cerca de 60 diputados federales que viajaron al estado norteño para trabajar el territorio distrito por distrito. Meses de operación. Meses de estructura.

A dos semanas de la jornada, presentó su renuncia.

La justificación formal que López Beltrán ofreció en su carta de renuncia fue el reglamento interno del partido, que según él lo obligaba a separarse antes del 31 de mayo para poder buscar una candidatura. El argumento no se sostiene. Ese mismo día, la propia dirigente nacional Ariadna Montiel reconoció públicamente que Morena aún no tenía definidas las fechas para licencias y renuncias de aspirantes a cargos de 2027: “es parte de una ruta política que estamos trabajando y vamos a presentar”.

El calendario interno real del partido fija esos movimientos entre junio y noviembre de 2026, según el tipo de cargo. El 31 de mayo no era fecha límite para nadie. Fue, en todo caso, la fecha límite que él mismo se fijó.

La lectura política fue más directa. El PRI no se guardó el comentario: “Es curioso que Andy López Beltrán renunciara días antes de la elección en Coahuila. Al parecer no quiere ‘manchar’ su trayectoria política con otra derrota como la de Durango”, publicó el tricolor en sus redes sociales.

El antecedente de Durango pesa. En junio de 2025, el primer encargo de López Beltrán como operador de Morena fue la elección de presidentes municipales en esa entidad. El resultado: Morena ganó solo 16 de las 39 alcaldías disputadas, perdió cuatro de las 20 que ya gobernaba, y quedó en tercer lugar, detrás del PRI y de Movimiento Ciudadano.

Con su salida, Coahuila quedó en manos de los cuadros locales de Morena. La nueva dirigente nacional, Ariadna Montiel —quien llegó al cargo tras la salida de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia—, viajó al estado para los cierres de campaña. El 2 de junio llamó públicamente a la unidad, a no rendirse, a movilizar simpatizantes.

Era la dirigente pidiendo lo que el arquitecto había dejado sin terminar.

En sus apariciones en Coahuila, Montiel centró su discurso en el «acoso» de Estados Unidos hacia México y en la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No mencionó los casos de gobernadores morenistas investigados por la justicia estadounidense, ni las pesquisas sobre Alfonso Durazo en Sonora o Américo Villarreal en Tamaulipas. Lo que no se dice en una campaña a veces dice más que lo que sí se dice.

Montiel también denunció un presunto operativo del PRI para que los votantes fotografiaran su boleta mediante un código QR y lo comprobaran a través de una aplicación. «De ese tamaño es su miedo, de ese tamaño es su descontrol», dijo desde el templete. El PT anunció que prepara una denuncia formal. El PRI no respondió.

Las urnas modernas en la elección antigua

Hay un detalle que esta jornada ofrece como dato de contraste: las urnas electrónicas. El INE trasladó 60 equipos desde la Ciudad de México con apoyo de la Guardia Nacional para instalarlos en las casillas especiales del estado.

La cifra real es más modesta de lo que parece: se usarán 45 urnas en 15 casillas especiales —tres por casilla— que atienden a votantes en tránsito. Son el 0.35 por ciento del total de 4,256 casillas instaladas hoy en Coahuila. Una prueba piloto con resultados vinculantes, pensada para replicarse en elecciones futuras.

Es decir: tecnología del siglo XXI en una elección diseñada con lógica del siglo XX. El resto —4,241 casillas— vota con papel, lápiz y urna de plástico. Como siempre.

Lo que los números no pueden predecir

El resultado de esta jornada no mide solo la fuerza del PRI en Coahuila. Mide varias cosas al mismo tiempo.

Mide si la ingeniería electoral del desfase sigue funcionando en 2026, cuando el país entero tiene los ojos puestos en las intermedias del año próximo. Mide a la nueva dirigencia de Morena —Montiel— que debuta en su primer proceso electoral sin el operador que construyó la estrategia. Mide si el voto corporativo resiste cuando hay presiones cruzadas: denuncias de QR, 60 diputados federales que operaron el territorio durante semanas, un gobernador con 60 por ciento de aprobación, y una oposición nacional que por primera vez le disputó seriamente el espacio al tricolor.

Y mide algo más difícil de cuantificar: si hay en Coahuila, en 2026, un electorado dispuesto a votar en una elección diseñada, desde hace 16 años, para que no importe tanto votar.

Los resultados comenzarán a conocerse después de las 18 horas. La trampa perfecta no necesita tramposos el día de la elección. Ya funcionó antes.

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El cargo Coahuila: la trampa del calendario apareció primero en El Tabasqueño.

Andrés Manuel López Beltrán firmó su salida el lunes. No de la política. De una trinchera que nunca fue del todo suya. La carta dirigida a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Consejo Nacional de Morena, fue breve, ordenada y sin portazo. Listó logros. Agradeció. Refrendó lealtad a Claudia Sheinbaum. Y anunció lo que en los círculos internos del partido ya se sabía desde antes de que él lo escribiera: que buscaría la diputación federal por el Distrito Electoral Federal VI de Tabasco.

Lo que la carta no explicó —porque no necesitaba hacerlo— fue el sábado anterior. Sheinbaum había estado en Teapa, municipio serrano del mismo Distrito VI, reunida con beneficiarias de la pensión para mujeres de 65 años en adelante. Anunció la construcción de un hospital general en el municipio. Aplausos, fotografías, compromisos firmados. Nadie mencionó el nombre de López Beltrán. No hacía falta.

En política tabasqueña, cuando la Presidenta visita el municipio donde el candidato tiene familia y raíces maternas un día antes de que ese candidato anuncie su candidatura, el telegrama ya estaba enviado. Solo faltaba leerlo en voz alta.

La carta sin portazo

La renuncia tiene la temperatura exacta del acuerdo previo. López Beltrán enlistó números: diez millones de nuevos afiliados, 69 mil 396 comités seccionales instalados en todo el país, consejos municipales conformados en mil 952 municipios. Remató con un elogio a Sheinbaum que sonó más a protocolo que a convicción: “la mejor Presidenta de México y el mundo”. Frase rutinaria en cualquier boca morenista. En la boca del hijo de AMLO, es un aval con precio que nadie en el partido va a ignorar.

Lo que la carta no dice lo sabe cualquiera que haya seguido el año y medio de la dirigencia Alcalde-López Beltrán: fue un binomio que nunca embonó. Cada uno haciendo giras por su lado. Una relación que militantes tabasqueños describen sin rodeos: “se veía a disgusto”. La derrota en Veracruz y Durango en junio de 2025 fue el pantano donde se hundió esa dirigencia. Cuando el pantano te jala, lo inteligente es salir antes de que te cubra.

La diputación por Tabasco no es el premio de consolación. Es la salida digna que el apellido López Obrador todavía puede garantizar: territorio conocido, estructura heredada, un distrito donde el nombre vale más que el currículo. Conocedores del oficio político tabasqueño tienen una regla que repiten sin haberla escrito nunca: en toda buena elección siempre debe ir un candidato con apellido que jale votos. En 2027, ese lugar ya tiene nombre.

El viaje a japón

No el viaje. La foto. López Beltrán estaba de vacaciones en Japón —algo perfectamente legal para cualquier ciudadano— cuando alguien filtró en redes sociales una imagen suya desayunando en un hotel de Tokio. Un hotel relativamente caro. La imagen sola no habría hecho ruido en otro contexto.

Pero el apellido que carga es el de un hombre que convirtió la austeridad en bandera, que predicó la medianía y el rechazo al lujo como principio político durante tres décadas. Los críticos de Morena y la derecha tomaron la foto y la convirtieron en contraste: el hijo del apóstol de lo austero, desayunando en hotel caro en Tokio.

Su respuesta, en el podcast de Luisa María Alcalde, fue la de alguien que siente que lo juzgan por el apellido más que por los hechos: “Es evidente que no es conmigo, es contra quien fue el Presidente más atacado de la historia”. Agregó que los medios se habían quedado sin motivo para cobrar el chayote y que por eso se enfilaban en su contra.

La metáfora que eligió para describirse fue la del gladiador y el tigre: combatiente en una arena que no eligió, criticado desde las gradas. En La Grande de Tabasco volvió sobre el tema con más calma. Dijo que los ataques “están basados en suposiciones” y que ninguno ha sido sustentado con pruebas.

“Hemos hecho el emplazamiento en múltiples ocasiones y hemos aclarado señalamientos pidiendo que hayan pruebas reales. Todo son conjeturas y todos son supuestos”. También pidió, con una irritación que decía más de lo que quería decir, que dejaran de llamarle Andy: “Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán”.

Ese es el nudo biográfico más complicado de López Beltrán. El apellido es escudo y blanco al mismo tiempo. Le abre puertas que a cualquier otro operador le costarían décadas. Y al mismo tiempo lo expone a una exigencia imposible: ser su padre sin serlo. Llevar el legado sin asfixiarse con él. En Tabasco eso puede resultar distinto. Aquí el nombre es tierra. Y la tierra, al menos, no te juzga desde las gradas.

Veinte años de sombra

Hay una trayectoria real debajo del apellido, aunque le hayan tapado la luz durante mucho tiempo. Desde 2006, cuando tenía veinte años, López Beltrán estuvo en la logística de las campañas presidenciales de su padre. En 2012 coordinó estructuras y defensa del voto en distintas circunscripciones.

Cuando Morena pasó de asociación civil a partido político formal en 2014, él estaba armando comités de base en la Ciudad de México. Dos décadas de trabajo territorial que nadie reportó porque él mismo prefirió el perfil bajo. Lo resumió sin nostalgia: “15 años en política, muy pocas entrevistas pero sí muchos kilómetros recorridos, muchas manos estrechadas y muchos domicilios visitados”.

Esa discreción fue también una decisión política. Durante el sexenio de su padre evitó cargos públicos para no alimentar señalamientos de nepotismo. El costo fue que llegó a su primer cargo formal —la Secretaría de Organización en septiembre de 2024— sin el rodaje institucional que el puesto exigía. Con 39 años, un apellido enorme y una experiencia real pero invisible.

Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Sin posgrado registrado. Lo que tiene es otra cosa: conoce la estructura del partido desde los pisos, no desde los balcones. Sabe cómo se mueven los comités seccionales, cómo se negocia con los consejos municipales, cómo se afilia gente en calles que no aparecen en los mapas.

Eso, en un distrito serrano y urbano a la vez como el VI, no es poca cosa. Pero hay una diferencia entre saber mover estructuras ajenas y construir las propias. Esa diferencia la cobran las urnas.

La familia que cabe en un mapa

Villahermosa es donde nació Andrés Manuel López Beltrán el 21 de agosto de 1986. Su padre nació en Macuspana. Villahermosa es además la cabecera del Distrito VI, el mismo que ahora busca representar. La red familiar que AMLO construyó en Tabasco durante décadas no solo cruza ese distrito: arranca ahí mismo.

Teapa es el origen materno. La familia Beltrán Medina lleva ese nombre arraigado en la sierra tabasqueña desde antes de que hubiera movimiento ni partido. Ahí está Finca Rocío, la empresa de chocolates artesanales que los hermanos López Beltrán fundaron en honor a su madre Rocío Beltrán Medina, fallecida en 2003.

La presencia de Sheinbaum en Teapa el sábado —anunciando un hospital, reunida con mujeres mayores del municipio serrano— no requiere explicación adicional para quienes conocen el mapa familiar. El territorio y el apellido coinciden en el mismo punto del mapa.

El tío Pepín —José Ramiro López Obrador, ex alcalde de Macuspana, actual secretario de Gobierno estatal— completa una red que en Tabasco no necesita presentación. López Beltrán llega al Distrito VI con apellido, con tierra y con historia. Y llega con algo más: con la Presidenta de la República visitando Teapa el día anterior al anuncio.

Eso no es casualidad ni gentileza. Es la firma visible de un grupo político que AMLO construyó hace más de treinta años, que Javier May ancló en Tabasco desde el principio y que Sheinbaum conduce hoy desde Palacio Nacional. El equipo no se rompió. Solo se reacomodó. Y Teapa, el sábado, fue la forma de decirlo sin decirlo.

El territorio y la jugada

El Distrito Electoral Federal VI de Tabasco tiene cabecera en Villahermosa y abarca cuatro municipios: Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. En papel es mixto. En la práctica, quien gana Villahermosa gana el distrito. La periferia urbana de la capital tabasqueña concentra el peso electoral de una demarcación que en elecciones concurridas —con candidatos a presidente y gobernador en la boleta— puede superar los 300 mil votos.

Pero 2027 no es una elección concurrida. Es intermedia. Y en las intermedias este distrito opera en otro registro: entre 180,000 y 220,000 votos. Menos masa. Más estructura. Menos arrastre presidencial. Más trabajo de piso. En ese escenario, el apellido sigue valiendo. Pero ya no alcanza solo. Hay que moverlo.

Los tres municipios serranos —Jalapa, Tacotalpa, Teapa— son rurales o semiurbanos. Tienen historia y tienen comunidades indígenas zoques. Pero sus padrones sumados no alcanzan a competir con la masa de colonias y fraccionamientos del municipio Centro que pertenecen a esta demarcación. La campaña se define en la periferia de Villahermosa. La narrativa puede construirse en la sierra.

Ocho años sin oposición

El PRI ganó este distrito por última vez en 2015. José del Pilar Córdova Hernández, empujado por la estructura del sindicato petrolero, fue la última pieza del viejo régimen en sostenerse aquí. Tres años después llegó la ola.

Ricardo de la Peña Marshall, el historiador, arrasó con el 68.2% de los votos en 2018. En 2021, Mario Rafael Llergo Latournerie consolidó esa hegemonía con el 60.1%, superando al panista Juan José Rodríguez Prats. En 2024, Tey Mollinedo Cano, ex dirigente estatal de Morena, mantuvo el dominio con una ventaja que no dejó dudas.

Tres elecciones seguidas. Tres victorias de Morena. Para un candidato nuevo que llega con el apellido fundador del partido, ese historial es piso, no techo. El riesgo no está en perder. El riesgo está en ganar de forma tan cómoda que nadie recuerde cómo lo hizo.

El distrito también tiene memoria larga. Por aquí pasaron Arturo Núñez Jiménez —que después sería gobernador de Tabasco— y Mónica Fernández Balboa, que presidió el Senado de la República. El Distrito VI ha sido trampolín antes. Eso también es parte del mensaje que López Beltrán manda al elegir esta demarcación y no otra.

El factor Centro

Hay un dato que los analistas electorales de Tabasco conocen y que raramente aparece en los despachos de la Ciudad de México: el Distrito VI y la candidatura a la presidencia municipal de Centro se remolcan mutuamente. Dependiendo del perfil de cada candidato, uno arrastra al otro. O al revés.

En elecciones donde el candidato a la alcaldía de Centro tiene peso propio —nombre reconocido, estructura territorial activa, capacidad de movilización en colonias periféricas— es él quien infla la votación del distrito federal. En elecciones donde el diputado federal tiene más arrastre que el munícipe, ocurre lo contrario. No es una regla escrita. Es la mecánica real del voto urbano tabasqueño.

Para López Beltrán, eso plantea una pregunta que la campaña deberá responder antes de que la convocatoria cierre: ¿quién remolca a quién en 2027? Si Morena postula a un candidato a la alcaldía de Centro con perfil fuerte y arraigo territorial, Andy llega con apellido de remate. Si el candidato munícipe es débil o desconocido, el diputado federal tendrá que cargar la boleta en una elección intermedia donde la estructura activa pesa más que el nombre en el espectáculo.

Sheinbaum, May y Andy

La lectura de la gira presidencial del sábado requería el lunes para entenderse del todo. Sheinbaum en una gira que no fue anunciada con días de anticipación, sino que fue organizada con apenas horas de anticipación, dice mucho ahora, el anuncio de López Beltrán se haría la semana siguiente y el anuncio debía venir arropada de una visita presidencial. Un acto de geometría política.

El anuncio de López Beltrán al día siguiente terminó de encuadrar la imagen. La Presidenta no llegó a Teapa por coincidencia. Llegó a cerrar filas, a refrendar pertenencia, a mostrar coordinación entre Sheinbaum, Javier May y Andy en una jugada que los tres conocían de antemano. Eso resolvió la pregunta que algunos morenistas se habían hecho desde el retiro de López Obrador a Palenque: ¿el equipo seguía en pie?

La respuesta llegó en dos actos consecutivos de fin de semana. Sí. El equipo sigue. Lo que cambió no es la lealtad. Es la geometría del poder. AMLO en Palenque. Sheinbaum en Palacio Nacional. Javier May conduciendo Tabasco. Y López Beltrán apuntando a San Lázaro por el Distrito VI. La triangulación no es improvisación.

Es arquitectura. Y en el oficio político tabasqueño hay una regla que los operadores repiten sin haberla escrito nunca: en toda buena elección siempre debe ir un candidato con apellido que jale votos. En 2027, ese lugar ya tiene nombre.

Lo que Morena construyó en este distrito

El Distrito VI tiene un padrón aproximado de 300 mil ciudadanos inscritos. La lista nominal ronda los 295 mil electores con credencial vigente. Tabasco es uno de los estados con mayor índice de credencialización del país, superior al 99 por cineto entre quienes se registran y recogen su credencial.

López Beltrán reportó en su carta de renuncia que durante su gestión Morena instaló comités seccionales en 69 mil 396 secciones electorales en todo el país y conformó consejos municipales en mil 952 municipios. Cuánto de esa estructura aterrizó concretamente en el Distrito VI es una pregunta que la campaña deberá responder con hechos, no con cifras nacionales.

La afiliación nacional no garantiza presencia local. Pero en un territorio donde el partido acumula tres victorias consecutivas y donde el candidato tiene raíces familiares en dos de los cuatro municipios, la estructura de salida no es el problema. El problema, si acaso, será que esa estructura camine sola sin necesitar al candidato. En una elección intermedia con 180,000 a 220,000 votos en juego, la diferencia entre ganar con margen y ganar raspando la hace la movilización. No el apellido.

En el Distrito VI es posible que ya haya electores que sepan ya quién viene. Lo que no saben es si viene a servir al distrito o si el distrito viene a servirle a él. Esa diferencia, en Tabasco, siempre la cobra la siguiente elección.

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El cargo Perfil Político | El apellido más pesado de Tabasco busca curul propia apareció primero en El Tabasqueño.

En Comalcalco no anunciaron solamente una planta procesadora de cacao. Lo que apareció este sábado, frente a unos 500 productores de Sembrando Vida reunidos en la finca El Morralero, fue algo mucho más grande: el regreso del Estado al corazón del negocio cacaotero.

El gobernador Javier May Rodríguez pidió públicamente un precio de garantía para el cacao tabasqueño y la presidenta Claudia Sheinbaum respondió comprometiéndose a construir un esquema federal de “precio justo” junto con una Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar valuada ya en 110 millones de pesos.

La escena tuvo algo de promesa económica y algo de ajuste histórico. Durante décadas Tabasco exportó cacao barato mientras otros industrializaron, empaquetaron y vendieron chocolate con ganancias mucho mayores. El productor secaba grano. Otros construían marcas. Por eso la apuesta federal no se limita a una fábrica. El gobierno quiere participar ahora en toda la cadena: acopio, procesamiento, industrialización, distribución y eventual exportación.

La planta fue presentada con una inversión actualizada superior a los 80 millones anunciados originalmente en 2025. De acuerdo con las láminas técnicas mostradas durante la visita presidencial, el complejo ocupará 2.3 hectáreas en Ranchería Oriente, Comalcalco, y tendrá una superficie construida de 6 mil 400 metros cuadrados.

El proyecto contempla almacenes, patios de maniobra, planta de tratamiento, áreas logísticas y capacidad inicial para procesar 600 toneladas de cacao, con meta de llegar a mil toneladas hacia 2030.

Por ahora, sin embargo, la planta sigue existiendo solamente en renders, planos y promesas oficiales. En El Morralero todavía no hay estructuras levantadas ni maquinaria instalada. Apenas un terreno vacío donde el gobierno federal intenta sembrar una nueva narrativa económica para Tabasco.

Cacao barato

Tabasco produce más de 17 mil toneladas de cacao al año. El problema nunca ha sido sembrarlo. El problema ha sido quién gana dinero con él. Miles de pequeños productores sobreviven vendiendo cacao seco mientras la mayor parte del valor agregado termina fuera del estado. El gobernador Javier May lo resumió frente a Sheinbaum cuando pidió un esquema que permita acopiar toda esa producción “sin intermediarios”.

“Si logramos poner un precio todo el año, todo el ciclo, es decir, hablo en voz alta, de 100 pesos el kilo, podemos recuperar esa inversión”, dijo el mandatario estatal. La frase no fue menor. Hoy el kilo de cacao puede pagarse entre 40 y 50 pesos dependiendo de temporada, calidad y coyotaje. Muchos productores apenas poseen media hectárea o una hectárea sembrada. El margen real termina diluyéndose entre compradores, revendedores y comercializadores.

La respuesta presidencial abrió otra dimensión del proyecto. “Firmamos un tratado comercial con Europa. ¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial?”, preguntó Claudia Sheinbaum. Y enseguida planteó la idea central de la nueva apuesta federal: usar el acuerdo comercial con la Unión Europea para exportar cacao y chocolate con mayor valor agregado.

La presidenta instruyó entonces al gobernador Javier May, al alcalde Ovidio Peralta y a María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, a construir en dos semanas un proyecto denominado “Precio justo para el cacao de Tabasco”. El objetivo, dijo, es que el productor deje de vender únicamente materia prima y pueda beneficiarse también de la transformación industrial. “Eso es construir la economía desde abajo”, sostuvo.

El proyecto contempla producir Chocolate Bienestar en distintas presentaciones: chocolate de mesa, chocolate en polvo y barras con 50 y 75 por ciento de cacao. María Luisa Albores explicó frente a productores de la Chontalpa que “de esta tierra serán responsables de la creación de nuestro Chocolate Bienestar”. La idea es utilizar principalmente cacao proveniente de Sembrando Vida y distribuir parte de la producción mediante la red nacional de Tiendas Bienestar.

Detrás del discurso social existe una apuesta económica mucho más profunda. El gobierno federal intenta construir una agroindustria regional donde el Estado ayude a ordenar producción, precio y comercialización. El modelo no es nuevo en el mundo. El café colombiano, el cacao de Ghana o los sistemas lácteos protegidos en Nueva Zelanda muestran que la intervención estatal puede reorganizar sectores agrícolas completos cuando existe control técnico, disciplina financiera y mercado real.

El problema comienza cuando la política invade el negocio. Y Tabasco conoce demasiado bien esa historia.

El fantasma del PRI

La incredulidad que hoy rodea al proyecto no nació en la oposición ni en redes sociales. Nació en el propio campo tabasqueño. Muchos productores escucharon hablar de precio justo, acopio estatal y chocolateras públicas recordando inmediatamente otra historia: cooperativas quebradas, líderes enriquecidos y organizaciones cacaoteras capturadas por la política priista durante décadas.

Tabasco ya conoció antes un modelo donde el poder político se mezcló con el negocio del cacao. El resultado terminó dejando productores endeudados, organizaciones pulverizadas y una desconfianza que todavía sobrevive en la Chontalpa. Por eso, mientras en El Morralero se presentaban renders futuristas y maquetas de la nueva planta, también reaparecía silenciosamente el recuerdo de aquella vieja industrializadora que prometió modernizar el sector y terminó convertida en símbolo de corrupción y fracaso administrativo.

Ahí está la principal tensión del proyecto de Claudia Sheinbaum y Javier May. El gobierno no solamente quiere apoyar al productor. Quiere entrar directamente al mercado: comprar, transformar, vender y eventualmente exportar chocolate. Eso convierte a la nueva planta en algo mucho más complejo que una obra industrial.

El complejo proyectado en Comalcalco contempla una capacidad inicial para procesar 600 toneladas de cacao y alcanzar mil toneladas hacia 2030. Las láminas técnicas muestran almacenes, patios de maniobra, áreas de carga, planta de tratamiento y espacios logísticos diseñados ya no para producción artesanal, sino para operación semiindustrial permanente. El proyecto calcula además 21 empleos directos y hasta 3 mil indirectos ligados a transporte, acopio, comercialización y procesamiento.

El estado empresario

El fondo político del proyecto aparece justamente ahí: el regreso del Estado como actor económico directo. El gobierno federal no solamente pondrá recursos públicos para construir la planta. También controlará parte del acopio mediante Alimentación para el Bienestar, impulsará la marca Chocolate Bienestar y utilizará la red nacional de Tiendas Bienestar para distribuir productos elaborados con cacao tabasqueño.

Eso ya no se parece a un programa social tradicional. Se parece más a una política industrial regional impulsada desde el gobierno federal. Y aunque en México muchos reaccionan automáticamente con desconfianza, el modelo sí tiene antecedentes internacionales exitosos cuando existe disciplina técnica y control administrativo real.

El café colombiano logró reorganizar parte de su economía rural cuando el Estado ayudó a ordenar producción, calidad y comercialización. Ghana construyó un sistema estatal de control de precios para evitar desplomes brutales en el mercado internacional del cacao. Nueva Zelanda convirtió cooperativas lácteas protegidas por el Estado en gigantes exportadores mundiales. En todos esos casos el punto central fue el mismo: impedir que el productor quede atrapado vendiendo materia prima barata mientras otros concentran la utilidad industrial.

Pero también existen los fracasos. Y México tiene varios. Desde Conasupo hasta antiguas paraestatales agrícolas, muchos proyectos terminaron convertidos en botín político, burocracia ineficiente o redes clientelares incapaces de competir en mercado real. Por eso el riesgo alrededor de la nueva chocolatera tabasqueña no está solamente en la construcción física de la planta. El verdadero riesgo aparecerá cuando tenga que operar todos los días.

Porque producir chocolate competitivo no es sencillo. Se necesitan estándares sanitarios, certificaciones internacionales, calidad homogénea, logística constante y mercado estable. Más aún si el gobierno pretende aprovechar el nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea para exportar cacao y chocolate procesado desde Tabasco.

“¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial?”, preguntó Sheinbaum frente a productores. La frase terminó revelando la lógica completa del proyecto: usar el aparato estatal para intentar que una parte mayor de la riqueza del cacao se quede en el estado.

El laboratorio Tabasco

Detrás de la planta también aparece otro fenómeno más profundo: el intento de transformar la narrativa económica de Tabasco. Durante décadas el estado giró alrededor del petróleo. Hoy el gobierno federal intenta construir otro discurso: agroindustria, economía social, exportación y valor agregado regional.

Por eso la nueva chocolatera funciona también como laboratorio político del obradorismo. La materia prima provendrá principalmente de productores vinculados a Sembrando Vida. El procesamiento quedará ligado a Alimentación para el Bienestar. La distribución pasará por Tiendas Bienestar. Y el producto final buscará posicionarse bajo una marca nacional respaldada por el propio Estado.

La apuesta es enorme. Lo mismo que el riesgo. Porque el problema nunca fue sembrar cacao. El problema siempre apareció cuando alguien intentó controlar el dinero que se mueve alrededor del cacao.

Hoy, en El Morralero, todavía no existe más que un terreno vacío bajo el calor de la Chontalpa. Pero sobre esas 2.3 hectáreas el gobierno federal intenta levantar algo más ambicioso que una fábrica de chocolate: un nuevo modelo económico para el sureste mexicano.

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El cargo Sheinbaum convierte el cacao tabasqueño en laboratorio económico y apuesta política nacional apareció primero en El Tabasqueño.

En la finca Los Morraleros, bajo el sol seco de mayo y frente a unos 500 productores vinculados a Sembrando Vida, la presidenta Claudia Sheinbaum convirtió una asamblea campesina en algo más grande: el arranque político de un proyecto que busca reorganizar parte de la economía rural tabasqueña alrededor del cacao.

El anuncio más importante no vino directamente de la presidenta, sino de María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar. Ahí confirmó que la construcción de la nueva Planta Agroindustrial de Cacao iniciaría en septiembre de 2026 y que el objetivo es que quede inaugurada durante el primer semestre de 2027 por la propia Sheinbaum.

La planta será construida sobre un predio de más de dos hectáreas donado por el Gobierno de Tabasco dentro de la finca Los Morraleros, en Comalcalco. La inversión inicial anunciada asciende a 110 millones de pesos, aunque el proyecto federal contempla ampliaciones posteriores conforme avance la capacidad de procesamiento.

La futura fábrica pretende producir chocolate de mesa, chocolate en polvo y barras con distintos porcentajes de cacao bajo el sello de Chocolate Bienestar. La materia prima saldrá directamente de productores de sistemas agroforestales de Sembrando Vida, buscando romper uno de los problemas históricos del sector: vender barato el grano y comprar caro el producto terminado.

Precio justo

El gobernador Javier May Rodríguez colocó sobre la mesa el tema más delicado para los productores: el precio del cacao. Frente a la presidenta pidió construir un esquema permanente de acopio que permita garantizar valor estable a las más de 17 mil toneladas que produce Tabasco cada año y reducir la dependencia de intermediarios.

“Si logramos poner un precio todo el año, todo el ciclo, es decir, hablo en voz alta, de 100 pesos el kilo, podemos recuperar esa inversión”, planteó.

La presencia de la Presidenta @Claudiashein en Tabasco, es siempre una muy buena noticia. Durante la asamblea de Alimentación para el Bienestar con productoras y productores de cacao, nos encargó que en dos semanas llevemos la propuesta a Palacio Nacional, para gantizar un precio… pic.twitter.com/B0OyaUFEhP

— JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 23, 2026

La petición terminó convirtiéndose en compromiso presidencial. Minutos después, Claudia Sheinbaum instruyó al gobernador, al alcalde de Comalcalco Ovidio Peralta y a María Luisa Albores a construir en un plazo de dos semanas el proyecto denominado “Precio justo para el cacao de Tabasco”.

“Firmamos un tratado comercial con Europa. ¿Pero de qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial? Bueno, si nos organizamos bien con el gobernador, con María Luisa y ustedes, pues la producción de cacao va a tener un mejor precio”, respondió la presidenta.

Chocolate Bienestar

Durante años, el cacao tabasqueño sobrevivió atrapado entre coyotes, variaciones de precio y una industria donde la mayor ganancia terminaba fuera del campo. Sheinbaum aprovechó el evento para cuestionar incluso el modelo comercial del chocolate industrial.

“Hay unas marcas que dicen chocolate, pero en realidad tiene 1% de cacao. La mayoría ya es puro químico”, afirmó.

El nuevo proyecto federal pretende construir una cadena distinta: precio garantizado para cacao seco, acopio colectivo, procesamiento local y comercialización bajo la marca Chocolate Bienestar en la red nacional de Tiendas Bienestar.

Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco https://t.co/3oEeTFwLK7

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 23, 2026

Ahí aparece también el componente político del proyecto. La presidenta insistió en que el objetivo es construir “la economía desde abajo”, vinculando pequeños productores con valor agregado y exportación directa. “Eso es construir la economía desde abajo. Como bien dijo Javier, la economía social”, sostuvo.

No obstante, el desafío apenas comienza. La planta todavía no existe físicamente. El precio garantizado no está definido. Y exportar hacia Europa exige estándares sanitarios y comerciales complejos. Lo que ocurrió en Comalcalco fue, sobre todo, el arranque político de una apuesta económica que el gobierno federal quiere convertir en emblema productivo del sureste mexicano.

Otra conversación

La escena también refleja un cambio de atmósfera alrededor de Tabasco. Hace apenas un año la conversación pública estatal estaba dominada por seguridad, violencia y crisis institucional. Este sábado, la presidenta recorrió la Chontalpa hablando de agroindustria, exportaciones y desarrollo regional.

El contraste explica buena parte del momento político actual. Mientras el gobierno de Javier May intenta consolidar proyectos como el nuevo C5, Villahermosa 2030, el Centro de Convenciones y el Hospital Regional de Cárdenas, la Federación busca instalar otra narrativa para el estado: menos asociada a la contención y más vinculada a producción, operación pública y reorganización económica regional.

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El cargo Sheinbaum respalda plan de May para rescatar el precio del cacao apareció primero en El Tabasqueño.

El Congreso aprobó. El gobierno explicó. Lo que faltaba —la pregunta que había quedado sin respuesta pública— llegó el 20 de mayo desde el salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, en voz de la secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, durante la conferencia encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez.

El mensaje fue directo: la venta del Centro de Convenciones y del predio del Gimnasio La Choca no es una operación patrimonial ordinaria. Es, dijo Ferrer, una decisión estructural de política pública. Y tiene reglas, etapas y un destino para el dinero.

“Hoy Tabasco está enviando un mensaje claro: hay legalidad, hay planeación, hay certeza jurídica y hay una visión de futuro orientada a transformar el patrimonio público en desarrollo, inversión y oportunidades para nuestra gente”, afirmó la funcionaria.

El proceso en tres pasos

La secretaria documentó una ruta de tres etapas que ya comenzó y que define con precisión cómo llegará cada uno de los dos predios a manos de un comprador privado.

La primera etapa —la desincorporación— ya ocurrió. Los predios cambiaron de régimen jurídico el 18 de abril de 2026, cuando el gobierno publicó en el Periódico Oficial el acuerdo administrativo que los sacó del dominio público y los convirtió en patrimonio susceptible de enajenación. Sin ese paso, ninguna venta es legal. Con él, el camino quedó abierto.

La segunda etapa fue la valuación oficial. Ferrer precisó que los dictámenes fueron realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales —INDAABIN— la instancia federal especializada en tasación de patrimonio público. No un perito privado actuando solo: una institución federal con mandato específico para este tipo de operaciones. El resultado: 216 millones 679 mil pesos por el Centro de Convenciones y 198 millones 310 mil pesos por el predio de La Choca. 414 millones 989 mil pesos en total.

La tercera etapa, la licitación pública, es el siguiente paso. Abierta, competida, con bases públicas. “Igualdad de condiciones, máxima transparencia y competencia abierta para los interesados”, describió Ferrer. El gobierno no elige al comprador. El proceso lo define.

El INDAABIN: la institución que puso el precio

Uno de los datos que el comunicado aclara por primera vez es quién tasó los predios. Las iniciativas enviadas al Congreso en abril mencionaban al licenciado Sergio Solís Jiménez como perito valuador. Ferrer precisa ahora que los dictámenes fueron realizados por el INDAABIN, la instancia federal cuya función específica es determinar el valor real del patrimonio público antes de cualquier operación de enajenación.

No es un detalle menor. El INDAABIN no trabaja para el comprador ni para el vendedor — trabaja para garantizar que el estado no venda por debajo del valor de mercado y que el proceso tenga respaldo técnico federal. Su participación es, en términos jurídicos, la primera línea de protección del patrimonio público en una operación de esta escala.

El resultado de su trabajo: $14,302 pesos por metro cuadrado de suelo en el Centro de Convenciones y $11,692 pesos en La Choca. Dos predios en la misma colonia, tasados con criterios técnicos que la institución federal respalda con su firma.

La respuesta al debate legislativo

El comunicado del 20 de mayo llega tres semanas después de que el diputado del PRD Javier Cabrera Sandoval cuestionara en el Pleno que la licitación pudiera ser una simulación. La respuesta del gobierno no es política. Es técnica y jurídica.

Ferrer enumera las garantías del proceso: marco de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco, decreto aprobado por el Congreso, dictámenes del INDAABIN, proceso competitivo con igualdad de condiciones. Cada elemento de la cadena tiene respaldo institucional.

El diputado de Morena Salomé Izquierdo Mena lo dijo en el Pleno: “Lo que otros digan es mera especulación y politiquería.” Ferrer lo dijo en conferencia: “Hay legalidad, hay planeación, hay certeza jurídica.” El proceso, si se cumple como está planteado, responderá la pregunta sobre el comprador por sí solo: gana quien presente la mejor propuesta dentro de las reglas de la licitación.

No cualquier postor: el gobierno define qué tipo de inversión busca

La licitación no es una subasta al mejor postor en términos puramente económicos. Ferrer fue explícita en ese punto: quienes participen deberán presentar propuestas alineadas a la visión integral de Villahermosa 2030. El gobierno busca inversión privada capaz de detonar proyectos de desarrollo comercial, turístico, corporativo y de servicios. No cualquier uso. No cualquier proyecto.

“No estamos construyendo proyectos aislados, estamos construyendo el nuevo rostro de nuestra capital”, dijo la secretaria.

Lo que esto significa en la práctica: un desarrollador con propuesta hotelera, corporativa o de servicios de alto impacto tiene más pertinencia que uno con un proyecto incompatible con la vocación del corredor Paseo La Choca. El decreto ordena además que el comprador cumpla la Opinión Técnica No. 07 de SOTOP, que establece condiciones normativas, ambientales y de impacto urbano que cualquier desarrollo deberá observar antes de iniciar obras.

La pregunta que el proceso deberá responder cuando se publiquen las bases: ¿cómo se pondera la calidad del proyecto frente al precio? ¿Existe un criterio técnico que evalúe la alineación con Villahermosa 2030 además del monto de la oferta? Eso lo definirá la convocatoria de licitación que la Secretaría de Administración y Finanzas publicará como siguiente paso del proceso.

El comprador

En el Centro de Convenciones, la pregunta sobre Liverpool sigue vigente. La secretaria Ferrer no confirmó ni descartó ningún interesado. Se limitó a describir el proceso: licitación pública, igualdad de condiciones, competencia abierta.

Si la Ley de Bienes del Estado contempla algún mecanismo de preferencia para colindantes dentro de ese proceso, Liverpool —propietaria de la tienda contigua en Galerías Tabasco 2000— podría participar con ventaja sin que eso rompa las reglas. Las bases de licitación, cuando se publiquen, definirán los términos exactos del proceso.

Lo que sí es claro: quien gane la licitación del Centro de Convenciones adquirirá 6,376 metros cuadrados de suelo con 14,129 metros cuadrados de construcción en el corazón de Tabasco 2000 — un edificio que todavía funciona, que todavía tiene eventos agendados, y que quedará libre cuando el nuevo Centro de Convenciones abra sus puertas en diciembre de 2027.

Por primera vez, el gobierno dice para qué es el dinero

Durante semanas, el destino de los 414 millones fue la pregunta sin respuesta pública. El comunicado del 20 de mayo la responde.

Ferrer fue directa: los recursos serán destinados a infraestructura pública productiva y proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico, al ordenamiento urbano y a la generación de bienestar para los tabasqueños. No es un cheque en blanco. Es, según el gobierno, la misma lógica de Villahermosa 2030: reinvertir patrimonio público en infraestructura que detonará más inversión privada.

El ciclo que describe el gobierno es este: se vende patrimonio subutilizado, el dinero financia infraestructura productiva, esa infraestructura atrae inversión privada, la inversión privada genera empleo y servicios. Es una apuesta de política urbana, no solo una operación de caja.

Ferrer añadió un dato que ancla la solidez financiera del proceso: el nuevo Centro de Convenciones se financia con un crédito de 2,010 millones de pesos obtenido a una sobretasa de 18 puntos base, “la tasa más competitiva que ha obtenido el Estado en un financiamiento de largo plazo”, dijo. La banca respalda con esa tasa la confianza en la solidez financiera del estado. La venta de los predios y el crédito del nuevo Centro de Convenciones son operaciones separadas, pero forman parte del mismo proyecto de reordenamiento financiero y urbano que el gobierno de Javier May llama Villahermosa 2030.

El reloj de 2027

Con la aprobación legislativa en mano y el proceso documentado, el siguiente movimiento concreto es la publicación de bases y convocatoria de licitación por parte de la SAF. Ese documento —cuando aparezca en el Periódico Oficial— será la prueba de fuego del proceso: definirá los criterios técnicos, el peso del precio frente a la calidad del proyecto y los plazos de ejecución que se exigirán al comprador.

El nuevo Centro de Convenciones tiene fecha: diciembre de 2027. Para que el predio de La Choca sea parte del ecosistema de servicios que ese recinto va a necesitar, el comprador tendría que iniciar obra antes de que termine 2026. Un hotel no se construye en seis meses. Un desarrollo corporativo tampoco.

El tiempo es el verdadero factor de presión, no la política. Y el reloj ya empezó a correr.

Tres ejes, una ciudad

Ferrer cerró su conferencia con una síntesis de los tres ejes del proyecto que conectan la venta de los predios con una visión más amplia de transformación urbana.

El primero es el C5 Escudo Olmeca, el nuevo centro de comando tecnológico que representa, dijo, “confianza para las familias, confianza para las empresas y confianza para quienes desean invertir en Tabasco.” El segundo es el nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, diseñado para responder a las dinámicas económicas y turísticas que requieren infraestructura moderna, conectividad y servicios integrados. El tercero es la modernización de la infraestructura y movilidad urbana, para que la ciudad recupere, en palabras de la funcionaria, “tiempo, tranquilidad y calidad de vida para la gente.”

La venta del Gimnasio La Choca y del Centro de Convenciones no aparece en ese discurso como el fin de algo. Aparece como el inicio: el primer movimiento de una ciudad que apuesta por reinventarse con las reglas claras sobre la mesa.

Lo que reste por ver es si las bases de licitación, cuando lleguen, confirman esa apuesta, o si el río crece y se lleva los plazos.

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El viernes tuve cita con el hombre de a pie. Lo encontré detrás del mostrador de una carnicería, vendiendo mangos a veinte pesos el montoncito, y también tomando café en el Parissi. Se llame Lacho, Lupe, Asunción o Trinidad, siempre ha sido el centro de las preocupaciones de quienes escribimos para los diarios.

Me detuvo bajando por Vázquez Norte: «Me gustó El Tabasqueño de hoy». Eso me hizo sentir el nuevo golden-boy del periodismo tabasqueño. Pero a la vuelta del café Duncan, otro hombre de a pie, sin el menor tiento: «Oiga, Octavio, o como se llame, después de lo que escribió, mejor dedíquese a otra cosa». Y cruzando la 27 de Febrero, una tercera voz: «¿Hubo Tabasqueño hoy?». Eran las cuatro de la tarde y el hombre de a pie no tenía la menor idea de que Octavio, o como se llame, había cumplido puntualmente con su dislate semanal.

Por fortuna, los juntaletras tenemos nuestro desquite. Cuando en La Cabaña, el Parissi o el Pino Suárez escuchamos que los apagones no tienen cuándo acabar, inmediatamente escribimos: «El hombre de a pie dice, con toda razón, que los apagones no tienen para cuándo acabar». Y al día siguiente el hombre de a pie lee eso y comenta: «Bueno, yo no lo dije, pero debe ser cierto».

Lo curioso es que el hombre de a pie existe en todas partes y a todas horas, pero nunca en el mismo lugar donde lo buscamos. Los políticos lo invocan en campaña con una familiaridad que da ternura: «El pueblo me dijo», «La gente me pidió», «El ciudadano de a pie exige». Nadie pregunta cuál pueblo, cuál gente, cuál ciudadano. Porque en realidad no importa. El hombre de a pie es el mejor ventrílocuo de la historia: habla sin abrir la boca y dice exactamente lo que cada quien necesita escuchar.

En La Cabaña de Juárez, a ciento cincuenta metros del Palacio de Gobierno, hay una mesa donde el hombre de a pie se convierte en experto. Ahí descifra quién manda, quién cae, quién sube y por qué. Ahí el Tabasqueño es brillante o mediocre según el café que se esté tomando. Pero cuando la mesa queda vacía y solo sobreviven las tazas y el ruido del ventilador, quien estuvo ahí no fue don Chinto, ni Domitilo, ni el bueno de Cleto. Fue, simple y redondamente, el hombre de a pie. Ese que todos citan y nadie conoce, que opina sin que le pregunten y calla justo cuando más falta hace.

Me gustaría saber en qué piensa cuando despierta. Tengo la sospecha de que él se hace la misma pregunta sobre mí.

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El cargo El hombre de a pie apareció primero en El Tabasqueño.

Javier May Rodríguez ha logrado estabilizar su nivel de aceptación ciudadana tras 19 meses de gestión marcados por ajustes profundos en la estructura del poder local. Al cierre de abril de 2026, el promedio ponderado de cinco casas encuestadoras —SRC, Demoscopia Digital, Cripeso, Polls.mx y FactoMétrica— ubica la aprobación del mandatario en un 50.51%.

Más que un número electoral, esta cifra funciona como su línea de flotación: el Ejecutivo retiene la confianza de la mitad de los ciudadanos consultados en un entorno de alta fiscalización social.

En un Tabasco caracterizado por la efervescencia política, mantenerse sobre el umbral del 50% le otorga el margen de maniobra necesario para operar sin una crisis de opinión pública. Este porcentaje actúa como un dique político frente a la narrativa de la oposición, impidiendo que el desgaste natural del cargo —a casi un tercio del sexenio— se convierta en un desplome de legitimidad.

El peaje de la gestión

Este nivel de aprobación no es un producto inercial. Es, en realidad, el resultado de un desgaste administrado y decisiones que han sacudido el avispero estatal.

Durante el ejercicio 2025, el promedio anual de aprobación se situó en 51.71%, pero el trayecto hacia el número actual incluyó turbulencias severas en el ánimo colectivo.

El punto más crítico ocurrió en el verano de 2025, cuando la percepción descendió por debajo del 45% en varias mediciones simultáneas. El 50.51% registrado en abril confirma que el gobierno de May ha superado ese punto de mayor vulnerabilidad. No hay un crecimiento explosivo, pero sí una recuperación del control.

El gobernador ha pagado el peaje de las decisiones impopulares. Hoy administra un capital político que le permite sostener el mando sin las urgencias de un naufragio estadístico.

Desempeño en el ranking nacional

La métrica que realmente mueve el escenario este mes no es la simpatía personal, sino la percepción de eficacia en la resolución de problemas.

Según Rubrum, Javier May escala al lugar 11 de entre los 32 gobernadores del país en su medición de desempeño, con una calificación de 6.70 en escala del 1 al 9. Tabasco sube un peldaño respecto al lugar 12 que ocupaba en abril, colocándose a un paso del Top 10 nacional.

Este ascenso sugiere que el ciudadano empieza a validar la capacidad operativa de la administración por encima de valoraciones meramente partidistas. En la negociación de recursos y proyectos de gran escala, una nota de 6.70 posiciona al estado como una entidad con orden operativo y resultados tangibles ante la Federación.

La seguridad como soporte

La aprobación de May tiene un sustento técnico documentado: la reducción acumulada del 43% en homicidios dolosos durante los últimos 19 meses ha bajado el índice de víctimas diarias de 2.82 a 1.65. En el primer trimestre de 2026, cinco de los seis delitos del fuero común monitoreados por las autoridades registraron caída, con descensos de hasta 50% en feminicidio y 48.5% en robo a transeúnte.

Sin embargo, la estadística presenta dos flancos abiertos que la administración ya reconoció públicamente.

El primero es el robo de vehículos, que repuntó 46.42% entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, pasando de 321 a 470 carpetas de investigación, y se mantiene como la principal área de oportunidad para las corporaciones policiales.

El segundo es más reciente y de mayor impacto en la percepción ciudadana: en menos de dos semanas de abril a mayo, tres empleados de carnicerías fueron asesinados en distintos municipios del estado en hechos vinculados a cobro de piso. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, confirmó el móvil extorsivo y anunció mesas de trabajo con las cadenas afectadas para garantizar su operación. La Fiscalía ya abrió las carpetas correspondientes.

Estos hechos no revierten la tendencia estructural en homicidios, pero sí señalan que la delincuencia común busca nuevos territorios conforme pierde los que tenía. La seguridad de alto impacto sostiene los números de aprobación; contener la extorsión es la condición para que esos números crezcan.

El horizonte para el resto de 2026 depende de una ecuación de resistencia. La estabilización lograda en abril indica que la administración superó la etapa de ajustes que marcó el inicio de la gestión. Lo que sigue es consolidar esa percepción en el plano cotidiano: que la reducción en homicidios que el ciudadano ya reconoce en las encuestas se traduzca también en tranquilidad en el comercio y en la calle.

La apuesta parece clara: mantener el pragmatismo operativo y llegar al segundo informe de gobierno con resultados judiciales y territoriales tangibles que respalden lo que las encuestas ya empiezan a registrar.

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El cargo Seis encuestas dan 50.5% de aprobación a Javier May pese a seguridad volátil apareció primero en El Tabasqueño.